Los comerciantes de chatarra afirman que el veto, en vigor hasta julio de 2027, les dificulta la supervivencia ya que ha contribuido a una fuerte caída en los precios del cobre de aproximadamente casi 6.000 dólares por tonelada a tan solo 2.650 dólares.
Toby Jordan, miembro ejecutivo de la Asociación de Comerciantes de Chatarra de Trinidad y Tobago, quien lleva en el sector 15 años, estima que cientos de personas en zonas como Claxton Bay dependen directa o indirectamente de la recolección de chatarra.
"Es realmente el trabajo de la gente pobre. Las personas que no encuentran trabajo por tener antecedentes penales o que no tienen otra opción se unen a este oficio", dijo a EFE.
Los comerciantes que no pueden exportar ahora su cobre deben almacenarlo hasta que se levanten las restricciones o aceptar precios considerablemente más bajos de los compradores locales.
Esta presión está impulsando el comercio ilegal. Para algunos operadores, el desplome de los precios ha generado un incentivo para recurrir al mercado negro, ya que los compradores en Venezuela están dispuestos a pagar más por el metal.
Fuentes familiarizadas con el contrabando del cobre explicaron a EFE que las embarcaciones zarpan de la playa de Erin a la medianoche con vigías monitoreando los movimientos de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago, intentando identificar los intervalos entre los turnos de patrulla.
Esta ruta forma parte de un comercio regional más amplio que involucra, además de a Trinidad y Venezuela, a la vecina isla de Granada, donde operaciones legítimas de chatarra y metal robado a veces transitan por las mismas redes.
Los peligros de este comercio se hicieron evidentes el pasado 26 de julio, cuando una embarcación que transportaba cobre de Erin a Venezuela volcó frente a la costa suroeste de Trinidad, un incidente que se saldó con la muerte de un venezolano y la desaparición de otro.
El capitán trinitense, residente de Erin y secuestrado por venezolanos el año pasado, sobrevivió al naufragio, pero posteriormente fue arrestado por la Policía de Trinidad y Tobago y ahora se encuentra encarcelado.
El ministro trinitense de Seguridad Nacional, Roger Alexander, declaró a EFE que los contrabandistas y traficantes que operan a lo largo del corredor Trinidad-Venezuela serán perseguidos y procesados.
Pero en la costa suroeste, para quienes participan en el comercio ilícito el dinero que ofrecen los compradores al otro lado del mar puede compensar los riesgos de una peligrosa travesía nocturna, la persecución de la Guardia Costera o el arresto.
Sin embargo, para los chatarreros legítimos, la prohibición de exportación del cobre los ha obligado a calcular cómo sobrevivir el próximo año hasta que el mercado les ofrezca un precio que haga rentable el comercio legal.
Ante esta difícil situación, ha supuesto un soplo de esperanza la reapertura este agosto de la antigua planta siderúrgica de ArcelorMittal en Point Lisas por parte de la trinitense Ibis Steel Company, filial de la estadounidense Pinnacle Steel and Vanadium Corporation.
El presidente de la Asociación de Comerciantes de Chatarra, Allan Ferguson, espera que la planta, parte del esfuerzo del Gobierno por reconstruir la industria siderúrgica, cree "un mercado local estable para el metal".
En la misma línea, Andy Ross, quien limpia motores desechados para extraer cobre, afirmó que la nueva operación podría proporcionar un mercado interno muy necesario para la chatarra.
Ross añadió que los comerciantes y recolectores deberían poder obtener precios justos que justifiquen la recogida y el procesamiento legal del cobre.
Para la industria de la chatarra, la reactivación de la producción de acero también podría reducir la dependencia de los compradores extranjeros y contribuir a la recuperación de los precios.
Mientras eso se cumple, grupos criminales siguen centrados en robar y vandalizar la infraestructura para obtener cables eléctricos, tuberías y otros accesorios metálicos.
Por su parte, la Policía continúa investigando y persiguiendo el robo de cobre. A principios de este mes, tres hombres fueron arrestados y acusados en relación con el presunto hurto de cobre y cables eléctricos en el sur del país.