Reimberg dijo que no han sido notificados formalmente sobre la extradición porque "la defensa de alias Pipo presentó un nuevo documento, entiendo que se llama un documento de súplica, no recuerdo bien el nombre, donde piden que se revise el proceso de extradición", comentó en la televisión Teleamazoas.
Por ello, señaló que aún deben esperar a que la justicia española lo resuelva, pero mostró su esperanza de recibir la notificación oficial sobre la extradición posiblemente a finales de septiembre próximo.
La Audiencia Nacional de España dio luz verde a finales de julio a la extradición de Pipo a Ecuador para que termine de cumplir una condena de 16 años de prisión por tres homicidios cometidos durante un tiroteo posterior al asalto a un banco en 2010, según un auto al que tuvo acceso EFE.
En el auto se establecía que no era una decisión final y que cabía un recurso de súplica, en un plazo de tres días.
La decisión de la Audiencia Nacional se produjo después de que los magistrados rechazaran su entrega a Estados Unidos, que también reclamaba a Chavarría por su presunta participación en una operación de narcotráfico para introducir cinco kilos de cocaína en California.
Reimberg, que ya había adelantado que una vez que llegue a Ecuador, Chavarría será recluido en la Cárcel del Encuentro -la prisión de máxima seguridad del país-, avanzó este martes que también "puede ser solicitado en extradición por Estados Unidos".
Pipo fue detenido en noviembre pasado en Málaga, en el sur de España, a donde había llegado en 2022 con una identidad falsa procedente de Colombia después de fingir su muerte en Ecuador.
El considerado líder de Los Lobos, la mayor banda criminal del país en la actualidad, se habría sometido a siete operaciones en el rostro para evitar ser reconocido.
En Ecuador, Pipo está imputado también el caso en el que se investiga la autoría intelectual del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, en 2023, junto a otros dos presuntos cabecillas de Los Lobos, un exministro, un exasambleísta del correísmo, y dos empresarios.
Por ese caso fue interrogado en febrero en la prisión de Zuera (Zaragoza), a petición de la Fiscalía ecuatoriana, y aseguró, sin pruebas, que el crimen fue supuestamente ordenado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presuntamente ante el temor de que el candidato asesinado ganara las elecciones de 2023, extremo negado por el oficialismo ecuatoriano.
El Ministerio Público de Ecuador ha pedido que se llame a juicio a todos los procesados en esta causa, una decisión que podría conocerse en los próximos días.