"Esperamos que esta audiencia por prolongada que sea, siempre termine en justicia", dijo Hernández a los periodistas, antes de ingresar a la Sala Sexta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, donde llegó acompañado de su familia y bajo un riguroso dispositivo de seguridad.
Hernández, de 57 años, enfrenta este caso conocido como Pandora II, tras regresar a Honduras el pasado 26 de junio, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo indultara en diciembre de 2025 de la condena a 45 años de prisión por narcotráfico que le fue impuesta en 2024, dos años después de su extradición a ese país.
La causa investiga el presunto desembolso irregular de unos 10,8 millones de dólares entre 2010 y 2013, cuando Hernández presidía el Parlamento hondureño, fondos que supuestamente fueron utilizados para financiar su campaña electoral de 2013.
"Hemos amanecido pidiéndole a Dios por el país y le hemos pedido que nos haga justicia", subrayó el exmandatario antes de la reanudación de la audiencia inicial, que fue suspendida el pasado día 12 a petición de la defensa, que solicitó más tiempo para analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía.
Hernández señaló que, tras revisar las pruebas presentadas por la Fiscalía, su equipo legal concluyó que "no existe fraude, no existe un delito de lavado de activo", por lo que confía en obtener "justicia" y "una carta de libertad definitiva".
"Pero obviamente somos respetuosos de los procesos, del debido proceso y del principio de inocencia. Ellos (la Fiscalía) presentaron sus medios de prueba, vamos a hacer las objeciones del caso y presentar las nuestras para que el juez pueda decidir", explicó el expresidente.
Hernández afronta el proceso en libertad y con prohibición de salir de Honduras, medidas impuestas por el Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción durante la audiencia de imputación del pasado 3 de agosto, en la que también se determinó que el caso debía seguir en la justicia ordinaria y no en la Corte Suprema de Justicia, como se había planteado inicialmente.
Por su parte, la abogada Angie Colindres, integrante del equipo jurídico de Hernández, sostuvo que el exmandatario debería recibir un sobreseimiento definitivo, al igual que otros imputados en el caso, entre ellos el expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), quien ya fue favorecido con esa medida.
La defensora argumentó que debe aplicarse el principio de igualdad procesal y afirmó que la Fiscalía no cuenta con pruebas suficientes para sostener la acusación, ni para vincular a Hernández con los delitos que le imputa.