Atilana Giménez, una líder de uno de estos asentamientos en el departamento de Misiones (sur), cercano a Argentina, dijo a EFE que unas 300 familias viven hace 18 años en este sitio y temen ser desalojados al no tener el título de la tierra.
"Estamos inseguros porque nuestros documentos no son válidos, corremos el riesgo (de ser desalojados)", dijo la mujer de 51 años tras apuntar que estos terrenos, destinados en su mayoría a la producción de alimentos, pertenecen al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
EFE constató que la manifestación recorrió varias calles del microcentro capitalino y luego decenas de personas cortaron las vías adyacentes a la Cancillería paraguaya.
Allí, exhibieron algunas pancartas y lanzaron proclamas en idioma guaraní.
Giménez indicó que la mayoría de las familias de su asentamiento tienen viviendas precarias y hechas de madera, por cuanto en 2024 presentaron ante las autoridades un proyecto para la sustitución de estas casas por unas "dignas".
Pero la líder social aseguró que el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) respondió que no cuenta con recursos para el proyecto.
"Por eso estamos viniendo (a Asunción)", prosiguió.
La manifestación de esta jornada fue convocada por una plataforma conocida como Multisectorial, que agrupa a gremios, campesinos, indígenas y sectores rurales de todo el país.
Durante la concentración, estos grupos aprovecharon para exigir mayores recursos para el Fondo Nacional de Vivienda Social (Fonavis) y garantizar así viviendas dignas para los paraguayos.
Según el Censo Agropecuario de 2022, en Paraguay el 77 % de las tierras, o unos 23,4 millones de hectáreas, está concentrado en fincas mayores a 1.000 hectáreas.
La Federación Nacional Campesina (FNC) cifra en unos 300.000 los labriegos paraguayos que no tienen acceso a tierras.
Mientras que en diciembre pasado, la ONG Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) alertó que en el país está en marcha una "contrarreforma agraria" que, a su juicio, concentra la tierra en pocas manos y favorece a los dueños de grandes capitales y operadores del agronegocio.