Las viviendas representan casi la mitad de las 3.401 aprobadas hace un año para el proyecto y su licitación se produce pese a que el pasado 15 de junio el Tribunal de Distrito de Jerusalén instó al Estado a responder, antes del 1 de septiembre, a una apelación presentada en nombre de los residentes beduinos-palestinos que serán forzosamente desalojados si el asentamiento se materializa.
"Se nos informó de que no se abriría ninguna licitación en los próximos meses y que se nos notificaría con antelación si esto cambiaba. En cambio, el Gobierno publicó la licitación sin previo aviso", denunciaron en conjunto las ONG Ir Amim, Peace Now y Bimkom, que representan a los demandantes.
"Esta es una decisión con profundas consecuencias políticas (...). El Gobierno ha optado ahora por iniciar la primera fase de uno de los proyectos de asentamientos más controvertidos mientras el proceso judicial aún está pendiente", señalaron en un comunicado.
El proyecto E1 ocuparía un terreno de 1.200 hectáreas situado al este de Jerusalén, separando esta ciudad de Cisjordania ocupada, y en el cual viven varias comunidades beduinas palestinas.
Esta es una nueva licitación, después de que la publicada a mediados de diciembre de 2025 por la Autoridad de Tierras de Israel, para la totalidad de las 3.401 viviendas, fuera llevada a juicio.
"El Estado palestino está siendo borrado de la mesa no con eslóganes, sino con acciones. Cada asentamiento, cada barrio, cada vivienda es un nuevo clavo en el ataúd de esta peligrosa idea", dijo hace una año el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, uno de los principales impulsores de la colonización de los territorios palestinos ocupados.
Más de 20 países, incluidos aliados de Israel como Francia, Canadá, Italia y Australia, condenaron la decisión como "una violación inaceptable del derecho internacional que podría avivar la violencia", pero no tomaron ninguna acción al respecto.