El nuevo aplazamiento fue informado por el portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Silva, casi tres horas después de que se reanudara la audiencia, suspendida el pasado día 12 a solicitud de la defensa, que pidió entonces por su parte más tiempo para analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía.
Hernández regresó a Honduras el pasado 26 de junio procedente de EE.UU., a donde fue extraditado en 2022, procesado y condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico en junio de 2024 e indultado por el presidente, Donald Trump, en diciembre de 2025, para afrontar este caso conocido como Pandora II.
La causa, abierta en 2023, investiga el presunto desvío de unos 10,8 millones de dólares entre 2010 y 2013, cuando Hernández presidía el Parlamento hondureño, fondos que supuestamente fueron utilizados para financiar su campaña electoral de 2013.
Silva dijo a los periodistas que, durante la jornada de este martes, la defensa del expresidente presentó objeciones a los medios de prueba aportados la semana pasada por la Fiscalía y ofreció sus propias evidencias con las que busca desestimar los cargos contra Hernández.
"La defensa técnica ha ofertado un total de 36 medios de prueba, 34 de estos son documentales, un testigo y una pericia que se trata de un consultor técnico", explicó el portavoz judicial.
La defensa también planteó la "nulidad absoluta" de las investigaciones contra Hernández, al argumentar que las indagaciones se realizaron "a espalda" del exmandatario y que la acción penal fue presentada cuando él no se encontraba en el país, señaló.
Hernández afronta el proceso en libertad y con prohibición de salir de Honduras, medidas impuestas el 3 de agosto por el Juzgado de Criminalidad Organizada durante la audiencia de declaración de imputado, en la que también determinó que el caso debía seguir en la justicia ordinaria y no en la Corte Suprema de Justicia, como se había planteado inicialmente.
Antes de la reanudación de la audiencia este martes, el exgobernante afirmó a los periodistas que confía en obtener "justicia" y una "carta de libertad definitiva" en el proceso que enfrenta en su país, tras asegurar que, según la revisión de las pruebas fiscales realizada por su defensa, "no existe fraude" ni "delito de lavado de activos".