El informe ‘El costo de los siniestros viales en México: Estimación de costos de atención médica y pérdida de productividad’, publicado este martes, calcula que, en el escenario más elevado, la carga económica representa cerca del 0,3 % del producto interior bruto (PIB) mexicano o el 4,4 % del gasto total en salud.
La estimación, sin embargo, solo contempla una parte del impacto económico, pues deja fuera otros rubros como los daños materiales y la atención médica de largo plazo de las personas lesionadas.
“Encontramos que, tan solo considerando los costos de atención médica y las pérdidas de productividad estimadas en este estudio, la carga económica se ubica entre 55.000 y 92.000 millones de pesos en 2024”, explicó Belén Sáenz de Miera Juárez, profesora-investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur.
La especialista advirtió que una proporción considerable de estas pérdidas es prevenible, por lo que "mejorar la seguridad vial permitiría no solo evitar muertes y lesiones, sino liberar recursos" actualmente destinados a atender sus consecuencias.
El estudio señala que las muertes por siniestros de tránsito permanecen entre las principales causas de fallecimiento de personas de entre 5 y 44 años, lo que incrementa su impacto económico por la pérdida de productividad en edades laborales.
Además, identifica el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol y la falta de dispositivos de seguridad, como cinturones, cascos certificados y sistemas de retención infantil, entre los principales factores que agravan las lesiones.
“Los siniestros viales son predecibles y evitables. No son ‘accidentes’ o imprevistos del azar; son el resultado de vacíos en la infraestructura, fallas en la regulación y falta de control de factores de riesgo”, afirmó Erick Antonio Ochoa, director de la organización Salud Justa Mx.
Las organizaciones reclamaron acelerar la aplicación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada en 2022, y reforzar medidas como límites de velocidad, controles de alcohol al volante, estándares de seguridad vehicular e infraestructura para usuarios vulnerables.
El informe también advierte que peatones, ciclistas y motociclistas concentran una elevada proporción de las víctimas. En los entornos urbanos, ocho de cada diez fallecimientos corresponden a estos usuarios vulnerables, según los datos expuestos durante la presentación.
Los participantes pidieron a las autoridades actualizar las normas de seguridad de los vehículos para incorporar tecnologías como el frenado autónomo de emergencia y sistemas de protección a peatones.
“La seguridad vial debe asumir la categoría de política de Estado”, afirmó Andrés Atayde Rubiolo, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Ciudad de México.