El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la cancelación del TPS para Etiopía en diciembre del año pasado, una medida que tenía previsto entrar en vigor el 13 de febrero de 2026.
Sin embargo, en enero, el juez Brian Murphy, del tribunal federal para el distrito de Massachusetts, suspendió la decisión del DHS tras la impugnación de African Communities Together, lo que hasta ahora ha evitado que esta medida se aplique.
La organización alega que Etiopía sigue sumida en la crisis humanitaria que llevó a miles de sus ciudadanos a emigrar, debido a un conflicto armado que estalló a finales del 2020 y que se ha extendido a distintas regiones del país.
Murphy levantó hoy la suspensión que él mismo emitió en enero, despejando así el camino para que miles de etíopes puedan ser deportados, y rechazó los argumentos de sus representantes legales, que alegan que el DHS actuó ilegalmente para poner fin a las protecciones, según CNN.
La defensa asegura que el fin del TPS va en contra de los derechos al debido proceso establecidos en la Constitución de EE.UU y que la anterior secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, carecía de autoridad para revocar este programa, pues este papel recaía en realidad en el fiscal general.
El TPS, que tiene una duración de 18 meses, es un beneficio migratorio que EE.UU. concede a las personas de países que atraviesan situaciones extremas como guerras o las consecuencias de desastres naturales, y permite a sus beneficiarios vivir, viajar y trabajar en el país sin riesgo de ser deportados.
En octubre de 2022, la Administración del expresidente Joe Biden extendió el TPS a los ciudadanos de Etiopía en respuesta al conflicto armado que atravesaba el país.
El pasado junio la Corte Suprema de EE.UU. dio luz verde para que la Administración de Trump pusiera fin al TPS para los haitianos, y tras esa decisión también se han visto afectados otros bajo ese programa como los de Siria, Somalia, Sudán del Sur o Birmania.