Casi 96 horas después del lamentable accidente que se cobró la vida de seis personas en la bajada del Cerro Caacupé —a la altura de la Compañía Pedrozo— y acorralada por un inminente pedido de interpelación impulsado en el Congreso Nacional, la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, habló públicamente sobre el caso y envió sus condolencias a las familias enlutadas.
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En comunicación con ABC Cardinal, aseguró estar “consternada y dolida en lo más profundo” por la catástrofe vial. Sin embargo, la alta funcionaria enfrentó duras recriminaciones por la inacción del Ministerio y la lentitud para dar respuestas institucionales ante un punto negro de la red vial nacional que ya ha costado decenas de vidas humanas.
Un semáforo contra la ley y la presión política
El debate principal gira en torno al semáforo ubicado en la intersección de la Ruta PY02 en Pedrozo, calificado por usuarios y periodistas como una “trampa mortal”. El dispositivo fue instalado en el año 2021 bajo fuertes presiones políticas y solicitudes de comisiones vecinales.
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No obstante, se le recriminó a la ministra que la presencia de dicho semáforo viola abiertamente el artículo 21, inciso 7, de la Ley Nº 5.016/2014 de Tránsito y Seguridad Vial, la cual establece en forma taxativa que las autopistas son vías de circulación rápida y no pueden alojar semáforos ni reductores de velocidad a nivel.
Al respecto, la ministra Centurión argumentó que el semáforo fue ideado en la gestión anterior (año 2022) como una “solución provisoria de dos etapas” para regular el intenso flujo transversal entre las comunidades de Pedrozo y Pirayú. “Nosotros asumimos con el compromiso de dar la solución de fondo, que es el cruce a desnivel, obra que ya iniciamos en el 2024”, defendió la titular del MOPC.
Obras trabadas por escopetas y conflictos judiciales
Al ser consultada sobre por qué las obras del viaducto no concluyeron antes para evitar nuevas muertes, Centurión aseguró que el MOPC enfrentó serios impedimentos en la liberación de la franja de dominio.
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“Es increíble, pero los propios frentistas de la obra se opusieron al punto de salir con escopetas impidiendo el avance de las máquinas desde el mes de abril. Tuvimos que retirarnos por la imposibilidad de acceder a los terrenos. Afortunadamente, entre la semana pasada y el día de ayer, la Justicia destrabó las órdenes de posesión para los últimos predios faltantes”, afirmó.
Con la liberación total de los terrenos, la ministra anunció que dio instrucciones estrictas a la empresa concesionaria Rutas del Este para trabajar en un régimen de 24 horas los siete días de la semana, con el objetivo de acortar el cronograma de ejecución del paso a desnivel de cinco meses a solo tres meses y medio.
Retiro del dispositivo en 20 días
Ante el reclamo de que mantener el semáforo rojo implica obligar a los automovilistas a detenerse en medio de una bajada peligrosa esperando ser embestidos por camiones sin frenos, la funcionaria prometió una medida intermedia urgente.
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Afirmó que se exigió a la empresa Rutas del Este presentar en 20 días una alternativa técnica para eliminar el semáforo antes de la habilitación del viaducto. Prometió la construcción de carriles de aceleración/desaceleración y se adecuarán los retornos a nivel para que los vehículos pesados y livianos puedan maniobrar de forma segura sin detener el tránsito del tronco principal de la ruta.
Además, se reforzará la presencia permanente de la Patrulla Caminera para la inspección previa de sistemas de frenos en vehículos pesados, además de mantener activa la rampa de frenado de emergencia.
“El terror de mirar el espejo retrovisor”
Hacia el cierre de la entrevista, se le enfatizó a la funcionaria el drama humano y psicológico que viven los conductores al circular por ese tramo de la PY02. “Como usuaria de la ruta entiendo perfectamente esa percepción de inseguridad en un cruce que tiene un historial dolorosísimo. Asumo esto con enorme dolor pero con la responsabilidad de acelerar la solución definitiva”, expresó.
Mientras el Congreso alista los pliegos para su interpelación, el MOPC prometió entregar informes semanales a la ciudadanía para fiscalizar el avance de las obras que prometen eliminar definitivamente el “semáforo de la muerte” en Pedrozo.