El documento, titulado ‘Honduras: deuda de sangre y justicia, el informe que ya no deberíamos escribir’, fue presentado por la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA) y advierte de que los crímenes ocurrieron en zonas marcadas por el conflicto agrario, disputas por la tierra, presencia de estructuras criminales y grupos armados, control territorial y economías ilegales.
De las 15 víctimas registradas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado, 11 defendían la tierra y el territorio, dos el medioambiente y otras dos la libertad de expresión, de acuerdo con el informe, que considera un “desafío urgente” para el Estado adoptar medidas efectivas de protección y justicia.
La directora ejecutiva de ACI PARTICIPA, Hedme Castro, urgió al Estado hondureño a adoptar medidas para frenar los asesinatos y las agresiones.
"La situación de violencia hay que atajarla, hay que implementar las medidas necesarias para que en ningún gobierno se den este tipo de asesinatos y que toda la población en Honduras no se sienta en riesgo", subrayó Castro a EFE.
La activista señaló que los campesinos y garífunas (una comunidad afrodescendiente) se encuentran entre los principales afectados por los desalojos y otros actos de violencia vinculados a la defensa de sus territorios.
“No hay ninguna garantía para ningún hondureño en este momento. No hay ni una garantía de protección”, sostuvo Castro, al denunciar el uso de “medidas coercitivas y de las más agresivas” para expulsar a personas de tierras donde han vivido durante años.
El informe advirtió además de que la violencia ha alcanzado a núcleos familiares vinculados con procesos de defensa territorial y ambiental.
El sector del Bajo Aguán, una región del Caribe hondureño golpeada por el narcotráfico y los conflictos agrarios, se mantiene como un alarmante foco de tensión tras registrar el asesinato de 11 defensores de la tierra en 2025.
Esta región, donde en mayo pasado fueron asesinadas 20 personas en una finca, constituye “un enclave geopolítico” en el que cientos de familias campesinas enfrentan situaciones de “extrema violencia” asociadas con la expansión del cultivo de palma africana, disputas por la titularidad de tierras y la presencia de empresarios, políticos y estructuras del crimen organizado, según ACI PARTICIPA.
La disputa territorial en el Bajo Aguán, en el departamento de Colón (Caribe), se originó hace medio siglo, tras la venta a grandes empresarios agrícolas de propiedades otorgadas inicialmente a campesinos mediante una reforma agraria, unos terrenos que hoy reclaman las nuevas generaciones de labriegos.
De acuerdo con las autoridades locales, este histórico conflicto se ha recrudecido en los últimos años debido a la infiltración del narcotráfico, el crimen organizado y la injerencia política en la región.
La organización también lamentó que Honduras no se haya adherido al Acuerdo de Escazú, instrumento regional que busca garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales.
El informe señaló que en 2026 persisten e incluso aumentaron la violencia, la criminalización y la falta de garantías para quienes defienden la tierra, el territorio, el medioambiente y otros derechos humanos.