Asentados en la costa caribeña de Honduras desde 1797, los garífunas, una comunidad afrodescendiente originaria de San Vicente, libran una histórica batalla por la preservación de sus tierras ancestrales, la defensa de sus derechos fundamentales y la exigencia de mejores condiciones de vida para sus decenas de poblados.
El director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Daniel Cáceres, confirmó a EFE que ningún representante garífuna participó en el encuentro, que fue instalado con la presencia de representantes de varias instituciones del Estado.
La coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Miriam Miranda, supeditó en las últimas horas la participación en la mesa de diálogo a la anulación de la causa penal contra los cinco defensores detenidos, acusados de presunta usurpación agravada y posteriormente puestos en libertad.
“La condición para que vayamos a una reunión es que cierren el caso como una muestra de voluntad del Estado y del Gobierno que sí quiere dialogar”, enfatizó Miranda desde un campamento instalado la semana pasada frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia, en Tegucigalpa.
Los cinco defensores fueron arrestados en julio durante un desalojo en la comunidad caribeña de San Juan, en el Caribe hondureño, pese a que ese pueblo cuenta con un fallo protector de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Las fuerzas de seguridad justificaron la operación en el cumplimiento de una orden de desocupación de una propiedad privada, amparada en la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, aprobada en junio por el Parlamento.
A pesar de la ausencia garífuna, el encuentro fue instalado por el magistrado presidente del Poder Judicial, Wagner Vallecillo, con representantes de la Procuraduría General, la Fiscalía, y las secretarías de Derechos Humanos y de Seguridad, afirmó Cáceres, quien participó en representación del Conadeh.
El objetivo de la reunión es “fortalecer el diálogo y la articulación institucional” para contribuir a la protección de los derechos, la seguridad jurídica y el abordaje integral de los conflictos históricos, según un comunicado del Poder Judicial.
Las autoridades acordaron realizar una nueva convocatoria a los garífunas, en una fecha aún no precisada, para escuchar sus reclamos, señaló el director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Conadeh.
Además del cierre del expediente penal, la comunidad garífuna exige el cumplimiento de cuatro sentencias de la CorteIDH por violaciones a derechos comunitarios en Triunfo de la Cruz y Punta Piedra (2015), San Juan (2023) y Cayos Cochinos (2026).