"Liberia tiene previsto acoger a hasta 1.200 personas que serán trasladadas desde EE.UU. en el plazo de un año. Las personas que serán trasladadas a Liberia son nacionales de terceros países, algunos de los cuales podrían solicitar asilo en Liberia", indicó el Ministerio de Información a última hora del martes, en un comunicado.
El Ejecutivo liberiano aseguró que el traslado será "digno, seguro y oportuno" y que los deportados incluyen "ciudadanos o nacionales de países africanos o del hemisferio occidental que tengan autorización médica para viajar".
Está previsto que un primer grupo de veinte personas llegue este jueves 20 de agosto a ese país de África occidental, donde serán recibidos "con plena hospitalidad liberiana" y "serán libres de abandonar el país cuando lo deseen", si bien también "se les dará la oportunidad de pedir asilo" en territorio liberiano.
"El Gobierno desea subrayar que quienes sean trasladados a Liberia no son criminales y no están siendo procesados bajo ninguna circunstancia, ni por la legislación estadounidense ni por la liberiana", indicó el comunicado.
"Se les recibe como huéspedes de la República de Liberia, en consonancia con la larga tradición liberiana de brindar refugio a quienes buscan protección y amparo frente a persecución, guerras y otras formas de conflicto", añadió, al definir esta decisión como un gesto "enteramente humanitario".
Así, las autoridades afirmaron que este acuerdo "no constituye una transacción basada en un 'quid pro quo'", ya que "Liberia no ha exigido ni recibido ninguna compensación ni promesa de recompensa a cambio", si bien el país sí que "recibirá apoyo para ayudar a gestionar el programa y reforzar, en términos más generales, su sistema de migración".
El Ejecutivo no detalló las nacionalidades del primer grupo de deportados.
Liberia se suma así a la lista de países, muchos de ellos africanos, que han llegado a acuerdos con Washington para acoger a deportados desde el retorno de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.
Otros países son El Salvador, Esuatini, Camerún, Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur, la República Democrática del Congo (RDC), Guinea Ecuatorial, Sierra Leona y la República Centroafricana (RCA).
Estos pactos implican a menudo pagos millonarios por parte del Gobierno estadounidense.
Organizaciones pro derechos humanos han pedido a las naciones africanas que rechacen firmar acuerdos de expulsión con EE.UU., al alertar que los ya existentes exponen a cientos de personas a riesgos de detención arbitraria, malos tratos y devolución forzada a países donde podrían sufrir persecución o tortura.
La reanudación de vuelos de deportación desde EE.UU. a terceros países se activó después de que la Corte Suprema estadounidense autorizara en junio de 2025 al Gobierno de Trump a efectuar estas expulsiones, un triunfo para su política antimigración.