La ley había sido adoptada el pasado 15 de julio de forma definitiva por la Asamblea Nacional, lo que cerraba el procedimiento parlamentario y el viernes de la semana pasada fue validada por el Consejo Constitucional, que emitió algunas reservas.
El texto crea un derecho a la "ayuda a morir", que debe ser ejercido por la propia persona interesada o excepcionalmente, si está físicamente incapacitada, por un médico o enfermero.
Para ejercer ese derecho hay que cumplir una serie de condiciones, empezando por ser mayor de edad y tener la nacionalidad francesa o ser residente en Francia.
Lo pueden reclamar personas que sufran enfermedades graves e incurables, cuyo pronóstico vital debe estar comprometido en fase avanzada o terminal, con un proceso irreversible de deterioro de la salud y de la calidad de vida.
Además, tiene que haber un sufrimiento físico o psicológico derivado de la enfermedad que no pueda ser aliviado o que el paciente considere insoportable tras haber decidido rechazar o detener un tratamiento, aunque el sufrimiento puramente psicológico, sin patología física grave subyacente no da acceso a este derecho.
Para que pueda acogerse, el implicado debe tener plena capacidad de discernimiento y ser apto para manifestar su voluntad de forma libre y consciente en el momento de realizar la solicitud.
En ese caso, habrá de pedir ayuda a un médico o enfermero y el proceso debe formalizarse por escrito y ser sometido a una evaluación colegiada.
A partir de ahí, el sanitario debe dar una respuesta motivada en un plazo de 15 días desde la solicitud. Si se aprueba, el paciente confirma su decisión tras un periodo mínimo de reflexión de 2 días.