La investigación se produce tras una denuncia presentada por una ONG especializada en la lucha contra el consumo de tabaco y la exposición a su humo, precisó la institución en un comunicado.

Esa organización asegura que el departamento de Comercio del Ejecutivo comunitario mantuvo "interacciones habituales, innecesarias y opacas con la industria tabaquera", y que esos contactos corren el riesgo de socavar los esfuerzos de control del tabaquismo y las políticas de salud pública en países no pertenecientes a la UE, especialmente en aquellos de ingresos bajos y medios.

Y afirma que esos contactos supondrían un incumplimiento de las obligaciones de la UE recogidas en el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, que le obligan a limitar sus interacciones con la industria tabaquera y a garantizar la transparencia de las mismas.

La Defensora del Pueblo ha solicitado, como primer paso, el examen de distintos documentos de la Comisión relativos a sus interacciones con la industria tabaquera.

En 2023, la oficina de la Defensora del Pueblo constató una mala administración por parte de la Comisión al no garantizar la transparencia en todos sus departamentos en lo que respecta a las reuniones con grupos de presión del sector del tabaco, así como al no asegurar que todos los departamentos evaluaran sistemáticamente, en primer lugar, la necesidad de celebrar reuniones concretas con representantes de dicha industria.