Según informó a EFE el portavoz del Ministerio liberiano de Justicia, Jutonu Kollie, los hombres aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Roberts, en la ciudad de Harbel (oeste), este jueves.
Se trata del primer grupo de deportados por Washington que llegan a Liberia, después de que el país informara esta semana de que ha aceptado recibir a 1.200 personas de terceros países trasladados por EE.UU., incluyendo africanos y ciudadanos del hemisferio occidental.
En un comunicado, el Ministerio liberiano de Información señaló el martes que las personas deportadas serán recibidas "con plena hospitalidad liberiana" y "serán libres de abandonar el país cuando lo deseen", si bien también "se les dará la oportunidad de pedir asilo" en territorio liberiano.
"El Gobierno desea subrayar que quienes sean trasladados a Liberia no son criminales y no están siendo procesados bajo ninguna circunstancia, ni por la legislación estadounidense ni por la liberiana", indicó el comunicado.
El Ejecutivo afirmó que este acuerdo "no constituye una transacción", ya que "Liberia no ha exigido ni recibido ninguna compensación ni promesa de recompensa a cambio", si bien el país sí que "recibirá apoyo para ayudar a gestionar el programa y reforzar, en términos más generales, su sistema de migración".
Las autoridades no detallaron las nacionalidades del primer grupo de deportados este jueves.
Liberia se suma así a la lista de países, muchos de ellos africanos, que han llegado a acuerdos con Washington para acoger a deportados desde el retorno de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.
Otros países son El Salvador, Esuatini, Camerún, Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur, la República Democrática del Congo (RDC), Guinea Ecuatorial, Sierra Leona y la República Centroafricana (RCA).
Estos pactos implican a menudo pagos millonarios por parte del Gobierno estadounidense.
Organizaciones pro derechos humanos han pedido a las naciones africanas que rechacen firmar acuerdos de expulsión con EE.UU., al alertar de que los ya existentes exponen a cientos de personas a riesgos de detención arbitraria, malos tratos y devolución forzada a países donde podrían sufrir persecución o tortura.
La reanudación de vuelos de deportación desde EE.UU. a terceros países se activó después de que la Corte Suprema estadounidense autorizara en junio de 2025 al Gobierno de Trump a efectuar estas expulsiones, un triunfo para su política antimigración.