El informe, elaborado a partir de los datos suministrados por 34 corporaciones autónomas regionales, detalló que en ese periodo fallecieron 36.580 animales y en 41.723 casos no hubo información sobre su destino final.
Los reptiles fueron los más afectados, con 121.070 casos, seguidos por las aves, con 18.094, y los mamíferos, con 10.926.
Los departamentos de Bolívar, Magdalena, Sucre y Córdoba, todos en la región del Caribe colombiano, concentraron los mayores reportes entre las autoridades ambientales que aportaron información para el estudio.
La investigación también examinó lo que ocurrió con los animales una vez ingresaron al sistema de atención institucional. De los ejemplares registrados, 39.697 fueron liberados, mientras que otros 40.162 permanecieron bajo manejo en Centros de Atención y Valoración (CAV) o Centros de Atención, Valoración y Rehabilitación (CAVR).
Para la defensora del Pueblo, Iris Marín, estos datos reflejan la necesidad de entender la protección de la naturaleza como parte de la defensa de los derechos humanos.
"La naturaleza no puede ser entendida únicamente como un recurso de las personas. Tiene un valor propio y merece ser protegida por lo que es, por las relaciones que sostiene y por las formas de vida que alberga", afirmó Marín.
La entidad señaló que los casos analizados "no representan la totalidad del tráfico de fauna silvestre en Colombia", ya que las diferencias entre los sistemas y criterios utilizados por las autoridades ambientales dificultan establecer la verdadera dimensión de esta problemática.
La información recopilada incluyó registros de incautaciones, decomisos, aprehensiones y entregas voluntarias, con los que la Defensoría identificó patrones territoriales, especies afectadas, causas del tráfico, estrategias de prevención y capacidades institucionales.
Ante esta situación, la entidad recordó que la Ley 2153 de 2021 ordena la creación de un sistema de información para controlar, prevenir y evitar el tráfico de fauna silvestre.
Según la Defensoría, la implementación de ese mecanismo permitirá contar con registros oficiales, estandarizados y actualizados, mejorar la coordinación entre las entidades y fortalecer la toma de decisiones.
"Queremos hacer una apuesta por una institucionalidad que no solamente reaccione frente al daño, sino que sea capaz de prevenirlo, comprenderlo y actuar oportunamente para evitar que continúe ocurriendo", concluyó Marín.