En su resolución, la CIDH explicó que decidió otorgar medidas cautelares en beneficio de Castillo Álvarez, tras considerar que se encuentra "en una situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable en Nicaragua".
La parte solicitante, continuó el organismo, indicó que la mujer se desempeñaba como alguacila judicial (secretaria especial de un juzgado), que fue detenida el 7 de enero de 2025 por autoridades estatales, y desde entonces permanece en estado de incomunicación.
Desde su captura, sus familiares y allegados no han tenido información oficial sobre sus condiciones de reclusión y estado de salud, pese a las gestiones realizadas para verificar su situación actual, denuncia la Comisión.
Hasta ahora, no existe un motivo oficial ni cargos formales públicos. Antes de su detención, Castillo Álvarez trabajaba en el Juzgado Único Local de Moyogalpa, en la Isla de Ometepe, departamento de Rivas, donde se desempeñaba como secretaria especial, según un edicto publicado en el Diario Oficial La Gaceta.
La CIDH señaló que el Estado de Nicaragua no respondió a la solicitud de información formulada durante el procedimiento de las medidas cautelares.
Ante esta situación, la entidad consideró que la beneficiaria se encuentra en una situación de riesgo y es susceptible de estar expuesta a una mayor afectación de sus derechos.
En particular, se encuentra bajo custodia del Estado, sin que exista información oficial acerca de su estado actual, situación de detención y estado de salud, se desconoce si cuenta con acceso a atención médica y medicamentos para atender sus padecimientos, permanece en incomunicación total y prolongada, y sin posibilidad de recibir visitas de sus familiares y allegados, advirtió la Comisión.
Por tanto, la CIDH solicitó a Nicaragua adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Daysi Castillo Álvarez, y precise las circunstancias y condiciones de detención de la beneficiaria.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.
Los comicios en mención se desarrollaron con los principales contendientes en prisión, que luego fueron expulsados del país y privados de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras ser acusados de "golpistas" y de "traición a la patria".