Los jueces europeos ordenaron el pago por parte del Estado búlgaro de una indemnización de 10.000 euros para cada uno de los 56 demandantes, así como otros 18.033 euros de forma conjunta por costas judiciales.
El caso tuvo su origen en el desmantelamiento del campamento en agosto de 2023 sin tener en cuenta a las personas que lo ocupaban en el procedimiento, que dio lugar a un decreto de demolición y luego a su ejecución.
Según señaló el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), los denunciantes llevaron a cabo numerosos trámites para conseguir informaciones precisas, pero sólo obtuvieron una copia del decreto una vez que se había llevado a cabo.
Tampoco salieron adelante los recursos para que se hiciera un control jurisdiccional posterior de esa decisión.
El TEDH consideró que Bulgaria violó el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantiza el derecho al respeto a la vida privada y familiar.
Sin embargo, descartó que se hubiera infringido el artículo del convenio que prohíbe la discriminación, como pretendían los demandantes.