Es la cuarta vez que los jueces intentaron reinstalar la audiencia de juicio para anunciar su decisión, y aunque habían señalado que no admitirían más dilaciones, tuvieron que designar otra fecha, ya que Bucaram no podía conectarse a la diligencia porque estaba en un área de terapia intensiva.
Un equipo policial tuvo que ir hasta el hospital, ubicado en el norte de Guayaquil, la ciudad más poblada del país, para confirmar con los médicos el estado de salud del expresidente y si efectivamente había sido operado como habían reportado sus abogados.
La esposa de Bucaram, María Rosa Pulley, dijo en X que fue "intervenido de emergencia de su corazón luego de días de enorme tensión y fuertes emociones" y denunció que él y su familia sufren una supuesta "persecución implacable".
Los jueces declararon fallida la audiencia y la fijaron para el próximo lunes. También, ordenaron que si el expresidente sigue en el hospital se conecte junto a sus médicos y que la Policía se encargue de que todos los demás procesados asistan a la siguiente diligencia.
La Fiscalía acusa al expresidente, a su hijo y a otras dos personas de "colaborar, entre marzo y agosto de 2020, con una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos por la comercialización de 21.000 pruebas para la detección de la covid-19 y otros insumos médicos, durante la emergencia sanitaria".
De acuerdo con las investigaciones, dos israelíes, uno de ellos asesinado en 2020 en la Penitenciaría del Litoral, la prisión más poblada y peligrosa del país ubicada en Guayaquil, habrían sido los encargados de movilizar las pruebas bajo custodia de agentes de tránsito hacia la casa del exmandatario, quien "también almacenó otros insumos médicos, como mascarillas y lancetas para la toma de muestras".
Jacobo Bucaram "pagó 321.600 dólares en efectivo por esta mercadería", de acuerdo al testimonio que dio el extranjero antes de ser asesinado y que fue citado por la Fiscalía durante el juicio.
El Ministerio Público también señaló que algunos de los implicados fingieron pertenecer al cuerpo diplomático y a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés) para movilizarse.
En total, cincuenta personas, entre peritos y testigos, testificaron en este juicio, que inició el 11 de abril del año pasado, después de varios diferimientos registrados desde 2022.
El delito de delincuencia organizada se sanciona con hasta 10 años de prisión, pena que puede aumentar con agravantes.
Otros dos agentes de tránsito, que eran escoltas de seguridad presidencial, ya fueron sentenciados por este caso y recibieron penas reducidas tras aceptar los hechos imputados.