La norma, publicada en la Gaceta Oficial de la República, es parte de un conjunto de disposiciones destinadas a la reorganización del marco regulatorio del comercio en la isla, que desde 2021 se abrió a los actores privados como las mipymes y las cooperativas no agropecuarias.
En sus disposiciones generales, el decreto 167 del Mincin explicó que tiene entre sus objetivos ordenar y modernizar el comercio interior; perfeccionar las actividades comerciales que realizan los actores económicos y fortalecer e incentivar las alianzas entre ellos.
Además propone consolidar el empleo de modalidades de comercialización de bienes y servicios, por las formas de gestión estatal y no estatal, y la inversión extranjera; fomentar el desarrollo del comercio local y la competencia leal y optimizar el funcionamiento de las cadenas de suministros que garanticen la comercialización de los productos.
Entre los principios que establece figuran la protección de los derechos de los consumidores, la competencia leal, la evaluación y gestión integral de la demanda de consumo, la aplicación de la ciencia y la innovación tecnológica, así como la legalidad, la transparencia y la orientación a la satisfacción de las necesidades de la población.
Asimismo establece la comercialización de bienes y servicios en el mercado interno "tanto en peso cubano como en divisas".
El Mincin también publicó en la Gaceta Oficial este viernes la Resolución 23, que establece un nuevo clasificador de los establecimientos comerciales en el país, organizándolos en tres categorías según calidad y confort: Alto Nivel, Nivel Medio y los de cercanía o de barrios.
Además de esas categorías de acuerdo con la calidad, la resolución define cuatro tipos de establecimientos según su actividad: venta de mercancías; servicios gastronómicos; servicios personales, técnicos, comerciales y de uso doméstico; y alojamiento.
Una segunda resolución -la 24 del Mincin- fija los requisitos técnicos que deben cumplir todas las personas naturales y jurídicas -cubanas o extranjeras, así como sucursales y otras entidades autorizadas- para realizar actividades comerciales en el país.
Entre ellos, disponer de los canales de pago electrónico para la comercialización de bienes y servicios y garantizar el acceso a estos medios por los consumidores y clientes; poseer los permisos y licencias vigentes y un identificador visual del establecimiento que refleje el tipo de actor económico.
Estas medidas están enmarcadas en el paquete de 176 reformas económicas y sociales aprobadas por el Gobierno en junio, que buscan liberalizar y descentralizar la economía cubana, marcada por la profunda policrisis que padece la isla en décadas por motivos internos y externos.
De las 176 reformas que han comenzado a aplicarse en la isla, una vez que se publican en la Gaceta Oficial, 134 (un 76,1 %) ya cuentan con respaldo jurídico, según informó el Gobierno.
Las reformas incluyen cambios que llevarían a dinamizar la agricultura, el comercio exterior y el sector inmobiliario, además de descentralizar la toma de decisiones, dotar de una mayor "autonomía" a empresas estatales y autorizar la participación del capital privado en la actividad financiera, entre otros.
Su llegada se produce en un momento en el que Cuba se encuentra sumida en una grave crisis desde hace seis años, agudizada desde enero, cuando inició el bloqueo petrolero de Estados Unidos, al que se han sumado una serie de sanciones adicionales con el fin de lograr cambios políticos y económicos en la isla.