La jueza Noël Wise, del Tribunal de Distrito para el Norte de California, determinó que los intentos de la Casa Blanca para deportar a extranjeros por sus expresiones políticas violan la Primera y la Quinta Enmienda de la Constitución.
«El texto de la Enmienda deja claro que no es el gobierno quien otorga la libertad de expresión al pueblo. Por el contrario, esa libertad es inherente al pueblo, y "el Congreso no promulgará ninguna ley" que la restrinja», escribió Wise en su fallo de 90 páginas.
Con su fallo, la jueza se puso del lado del periódico estudiantil de la Universidad de Stanford, The Stanford Daily, que demandó al Gobierno y al secretario de Estado, Marco Rubio, bajo el argumentó de que sus estudiantes periodistas renunciaban o se autocensuraban por temor a represalias gubernamentales.
La Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión (FIRE, por sus siglas en inglés) que representa al periódico impugnó en la querella legal dos disposiciones establecidas el año pasado por Rubio, que le otorgaban un poder ilimitado para revocar las visas de inmigrantes legales y deportarlos por expresar opiniones protegidas.
La primera disposición permitía al secretario de Estado iniciar procedimientos de deportación contra cualquier extranjero por expresarse libremente si él determinaba (Rubio) que dicho discurso comprometía un interés imperioso de política exterior.
La segunda medida autorizaba al Departamento de Estado a revocar la visa de cualquier extranjero en cualquier momento y por cualquier motivo.
Conor Fitzpatrick, abogado de FIRE, dijo en un comunicado que el fallo demuestra que la libertad de expresión no es un privilegio, sino un derecho inalienable de todo hombre, mujer y niño, sin importar su estatus legal.
«En Estados Unidos, la libertad de expresión no pertenece únicamente a quienes dicen cosas con las que el gobierno está de acuerdo», declaró.
El fallo es la última de una serie de reveses jurídicos contra la política migratoria del presidente Trump.
La semana pasada un tribunal federal invalidó la suspensión de visados de inmigrante para 75 países impuesta a principios de año.