En la causa, además del alcalde Aquiles Álvarez —uno de los principales opositores al presidente Daniel Noboa—, fueron llamadas a juicio una veintena de personas y empresas por el presunto delito de distribución y comercialización ilegal de hidrocarburos.
Álvarez ya estaba en prisión preventiva en la denominada Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena (suroeste), tras ser procesado en el caso 'Triple A' (sobre una presunta comercialización ilegal de hidrocarburos), en el caso 'Grillete' y en el caso 'Goleada' (por un supuesto lavado de dinero).
El Ministerio Público apuntó este sábado que la prueba aportada demostró la responsabilidad penal de Alvarez, "en calidad de autor directo" del delito imputado, y anotó que el análisis de los jueces también establece que Raúl Z., Juan A., Edgar F. y Edgar C. son responsables del delito, igualmente, en calidad de autores directos y recibieron la misma sentencia.
El Tribunal también señaló que la prueba expuesta durante la audiencia de juicio demostró la responsabilidad de otras personas naturales y de las personas jurídicas procesadas. Lady C. Jessenia V. Carolona T y José C. fueron declarados culpables en calidad de cómplices, y sentenciados a dos años y dos meses de prisión.
El Tribunal declaró culpables a las personas jurídicas Copedesa, Corpalubri, Ternape, Fuelcorp, Indudiesel y Harsajudi por el delito de comercialización ilegal de hidrocarburos y dispuso su clausura y disolución.
La investigación en el caso Triple A se inició tras una denuncia presentada por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arconel), en la que se alertaba sobre una distribución y comercialización irregular de combustibles, lo que habría generado un perjuicio al Estado, debido a diferencias considerables entre el volumen despachado y el facturado por varias estaciones de servicio y empresas comercializadoras.
Según la investigación de la Fiscalía, el perjuicio económico al Estado ascendería a 61.502.658,39 dólares, correspondiente a 22.777.191,80 galones de combustible (diésel y gasolina).
El Ministerio Público sostiene que los informes periciales determinaron que las capacidades de almacenamiento de las estaciones de servicio no corresponden con el volumen adquirido a las empresas procesadas.