Con motivo de la conmemoración este 30 de agosto del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y el Día Nacional del Detenido Desaparecido, el organismo señaló que esta problemática no representa únicamente la privación arbitraria de la libertad, sino una "flagrante violación" que coloca en "gravísimo peligro" la integridad personal, la seguridad y la existencia misma de quienes la sufren.
"La desaparición de una persona no representa únicamente su ausencia física para sus familiares y seres queridos, sino que constituye un hecho que marca profundamente (a las) comunidades y a la sociedad en su conjunto", enfatizó el Conadeh en un comunicado.
Agregó que el desconocimiento sobre el paradero de una persona, sumado a la falta de respuesta o apoyo estatal, implica la negación del derecho a saber, así como del derecho a buscar y a ser buscado.
La falta de datos oficiales impide dimensionar con precisión el fenómeno. No obstante, comités de familiares de migrantes desaparecidos estimaban hasta mediados de 2025 unos 890 casos, de los que 814 corresponden a migrantes hondureños no localizados.
Por su parte, el Banco Forense registraba alrededor de 1.872 perfiles genéticos de familias hondureñas que buscan a sus familiares desaparecidos.
El Conadeh reconoció que Honduras aún enfrenta "múltiples desafíos" para prevenir y sancionar esta violación de los derechos humanos, aunque subrayó que el Estado tiene la oportunidad y la responsabilidad de adoptar medidas para evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir.
En ese sentido, instó al Estado hondureño a adoptar las recomendaciones formuladas por el propio Conadeh, así como las emitidas por los órganos de tratados, grupos de trabajo y expertos independientes de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos.
En agosto de 2024 Honduras aprobó el Protocolo de Búsqueda de Personas Desaparecidas, elaborado de manera interinstitucional con apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para estandarizar las actuaciones y garantizar una búsqueda inmediata.
Sin embargo, el Conadeh y organizaciones de familiares han insistido en la necesidad de fortalecer el marco jurídico hondureño mediante la aprobación de la Ley de Protección Jurídica de Personas Desaparecidas y sus Familiares, que establezca mecanismos efectivos de búsqueda, protección y acompañamiento, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.