En una declaración, la ONG Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua señaló que "este crimen de lesa humanidad y grave violación continúa siendo utilizada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo como un mecanismo de persecución, castigo y control contra quienes son considerados opositores, críticos o percibidos como tales".
Desde abril de 2018, cuando estallaron unas manifestaciones antigubernamentales, las detenciones arbitrarias, la incomunicación y el ocultamiento de personas privadas de libertad "se han convertido en parte de la amplia represión estatal en Nicaragua que ha dejado al menos 355 nicaragüenses asesinados a balazos por grupos paraestatales, policías y soldados del Ejército", indicó el Colectivo, integrado por activistas nicaragüenses en el exilio principalmente y con sede en San José (Costa Rica).
Las autoridades niegan información, impiden el contacto familiar y legal, obstaculizan el acceso a medicamentos y atención médica independiente y mantienen en secreto las condiciones de detención de las personas, aseguró.
Actualmente el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua registra al menos 60 personas como presas políticas, entre ellas 23 en desaparición forzada.
Entre los casos más recientes se encuentra el del nicaragüense Ricardo José Mendoza Irigoyen, de 64 años, detenido de forma arbitraria el 23 de enero pasado y quien se encuentra en condición de desaparición forzada, añadió.
"Desde esa noche, su familia no ha recibido información y sus gestiones ante dependencias policiales, judiciales y penitenciarias no han permitido conocer dónde se encuentra", anotó ese organismo.
Otros detenidos que permanecen en condición de desaparición forzada son el excoronel sandinista Carlos Brenes y su esposa Salvadora Martínez, quienes fueron arrestados en agosto de 2025. También los militares en retiro Víctor Boitano Coleman. Todos son mayores de 60 años.
El Colectivo dijo que el caso del Brooklyn Rivera Bryan, el exdiputado indígena miskito nicaragüense fallecido bajo custodia del Estado de Nicaraga el 30 de mayo pasado y que se encontraba en condición de desaparición forzada, "representa la consecuencia más cruel de esta política".
"El líder indígena miskito permaneció oculto por más de 970 días. Fue mostrado públicamente cuando se encontraba ya en estado crítico y falleció bajo custodia estatal pocos días después. Su muerte evidencia que la desaparición prolongada impide conocer oportunamente el deterioro de la salud, solicitar atención médica y activar mecanismos de protección que pueden salvar vidas", valoró.
Un total de nueve opositores y críticos con el Gobierno de Nicaragua han muerto bajo custodia del Estado en los últimos siete años.
Por tanto, esa ONG exigió "a la dictadura de Nicaragua liberar a todas las personas presas políticas e informar inmediatamente el paradero y las condiciones de quienes permanecen detenidas, presentar pruebas de vida verificables y permitir el contacto presencial y regular con sus familiares y representantes legales".