El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, explicó que el Ejecutivo decidió quitarle a la reforma la máxima urgencia y pasarla a simple, con lo cual continúa dentro de la agenda legislativa pero pasa de 15 días a un periodo de 30 días para negociar modificaciones al texto.
"Ese es el plazo que tenemos en el horizonte más próximo, treinta días para que comience el trabajo legislativo y se desarrolle en la comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado y ahí se puedan exponer los distintos puntos de vista, debatir y construir los acuerdos necesarios", dijo a la prensa García Ruminot.
El proyecto ingresó al Senado el pasado 17 de agosto con una petición de suma urgencia, antes de que el Congreso entrara en una semana en la que no sesionaría, y en medio de la cual recibió cuestionamientos transversales de todo el espectro político y especialistas.
El principal desacuerdo es la propuesta que permite al Presidente decretar un estado de excepción por ocho meses, sin consulta previa al Congreso, que habilita a limitar la libre circulación de las personas, el derecho a reunión y asociación, además de intervenir las comunicaciones de los ciudadanos por cualquier medio.
El presidente chileno, José Antonio Kast, afirmó este lunes que el nuevo estado de excepción propuesto en la reforma de seguridad "no es renunciable" ante las opiniones que pedían su retiro, pero indicó que el debate legislativo "puede hacerle modificaciones".
En ese sentido, el Gobierno consideró abrir el lapso para, mediante conversaciones, alcanzar los acuerdos parlamentarios que eviten un posible estancamiento al no contar actualmente con los 29 votos requeridos, sin necesidad de retirar la reforma y reingresarla tras hacer las modificaciones.
La reforma también faculta al Ejecutivo para declarar que determinada agrupación se constituye en una organización terrorista o del crimen organizado, previo un informe del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional que lo respalde, además de una declaración votada en el Senado en sesión secreta.
En total, Kast presentó ocho modificaciones a la Carta Fundamental chilena en el marco de la llamada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), además de un paquete de 19 iniciativas legales que ya se estaban tramitando en el Congreso junto a otra decena de propuestas.
En esta estrategia de plazos, el Ejecutivo pidió discusión inmediata para diez de estas iniciativas y suma urgencia para otras como las Reglas del Uso de la Fuerza, el proyecto que busca extender la legítima defensa privilegiada para las fuerzas policiales y militares, modificaciones a la responsabilidad penal adolescente y Ley Antibarricadas, que este lunes avanzó su discusión a la Cámara de Diputados.
Durante la última década, Chile pasó de ser uno de los países más estables de Latinoamérica a convertirse en el teatro de operaciones de múltiples organizaciones criminales transnacionales, por lo que combatirlo se ha transformado en una de las principales prioridades del país.