“Una legislación que pretenda alinear la financiación extranjera con las prioridades gubernamentales corre el riesgo de ampliar el control del Estado sobre la sociedad civil independiente y reprimir la disidencia”, afirmó la investigadora sobre Nigeria de HRW, Anietie Ewang, en un comunicado.
En mayo pasado, el Senado (Cámara Alta del Parlamento) presentó el Proyecto de Ley de Ayuda Extranjera, que pretende regular el uso de la ayuda, subvenciones y donaciones extranjeras en Nigeria.
La iniciativa establecería una comisión reguladora para supervisar la ayuda externa con el fin de promover la transparencia y la rendición de cuentas, así como alinear la ayuda con las prioridades de desarrollo nacional, prevenir el uso indebido, la duplicación de proyectos y mejorar el acceso público a la información sobre actividades financiadas desde el exterior.
Para HRW, esa norma coartaría la independencia de las organizaciones, ya que el proyecto exige que todas las actividades financiadas con fondos externos se alineen con las prioridades gubernamentales y el incumplimiento podría conllevar sanciones económicas, revocación de licencias e incluso penas de cárcel.
“La independencia es esencial para el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que buscan fiscalizar las acciones del Gobierno, exponer irregularidades, exigir cuentas a quienes están en el poder y abogar por reformas”, añadió Ewang.
La propuesta legislativa también incluye una serie de nuevos requisitos en materia de integridad financiera, que se sumarían a los estatutos de registro y rendición de cuentas que ya se encuentran vigentes.
Las organizaciones sin ánimo de lucro deben registrarse ante la Comisión de Asuntos Corporativos como fideicomisos incorporados, cumplir con informes anuales, están sujetas a obligaciones de registro y rendición de cuentas ante la Unidad Especial de Control contra el Blanqueo de Capitales, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros, las autoridades fiscales y otros organismos reguladores.
“Nigeria no debería crear nuevas capas de regulación que otorguen a las autoridades un control excesivo sobre las organizaciones por el mero hecho de recibir financiación extranjera”, indicó la investigadora de HRW.
El proyecto de ley superó la primera y segunda lectura, “lo que indica la aprobación por parte del Senado de sus principios generales”, y ahora fue remitido a una comisión especial para una revisión detallada antes de pasar a una tercera lectura y votación final.
De ser aprobado, requerirá del visto bueno de la Cámara de Representantes (Cámara Baja) y la sanción del presidente del país para convertirse en ley.
No es la primera vez que Nigeria estudia propuestas orientadas a regular y supervisar a las organizaciones de la sociedad civil desde 2016, pero hasta ahora ninguna logró prosperar.