En una publicación en X, el funcionario precisó que el operativo se realizó sobre la carretera Nuevo Laredo-Monterrey, donde las autoridades incautaron 195 armas largas y 15 cortas, además de cargadores.
Las detenciones y la incautación de las armas ocurrieron en el municipio de Sabinas Hidalgo, unos 100 kilómetros al norte de Monterrey, capital de Nuevo León, y en el operativo participaron agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), así como elementos de las secretarías de Defensa, Marina y Seguridad y de la Guardia Nacional.
“Con este aseguramiento suman más de 30.000 armas de fuego decomisadas durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Son más de 30.000 armas que ya no llegarán a manos de los cárteles ni serán utilizadas para generar violencia en México”, expuso García Harfuch.
El decomiso ocurre en medio de las presiones de México a Estados Unidos para frenar el tráfico ilegal de armas a través de la frontera común, considerado por el Gobierno de Sheinbaum como una de las principales fuentes de poder de fuego de los grupos del crimen organizado.
El propio García Harfuch afirmó el pasado 11 de agosto que más del 80 % de las más de 30.000 armas decomisadas desde el inicio de la actual Administración, en octubre de 2024, procedían de Estados Unidos, y que cerca del 20 % del total había sido incautado solamente en Sinaloa.
Los datos estadounidenses también reflejan la magnitud del flujo. La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) registró 32.144 armas recuperadas en México y enviadas para rastreo en 2025, de las cuales al menos 22.817 fueron determinadas como de origen estadounidense.
La propia agencia advierte que las armas sometidas a rastreo no constituyen una muestra representativa de todas las utilizadas por el crimen en México.
El tráfico de armas es uno de los puntos centrales de la agenda bilateral de seguridad, junto con el combate al narcotráfico, en particular al fentanilo, y el tráfico de personas.
México también ha buscado combatir el flujo mediante tribunales estadounidenses. En junio de 2025, la Suprema Corte de Estados Unidos desestimó por unanimidad una demanda mexicana contra varios fabricantes de armas, al considerar que estaban protegidos por la legislación que concede amplia inmunidad a esas compañías frente al uso ilícito posterior de sus productos.