En un acto realizado en el antiguo Palacio de Gobierno, en La Paz, también fueron designados Roger Roca Saavedra, como subcomandante general de la Policía y jefe del Estado Mayor Policial, y Franz Cabrera como inspector general de la institución, después de que horas antes dimitiera el comandante de la institución, Mirko Sokol.
En su discurso, Paz dijo que "Bolivia necesita una lucha frontal y permanente" contra "la delincuencia organizada, el narcotráfico, el narcoterrismo que acecha" a la nación.
"No podemos permitir territorios donde la ley retroceda frente al delito. Todavía hay territorios en Bolivia donde nuestra institucionalidad no genera una cobertura plena y hay que asumir con firmeza que aquellos que violentan dichos territorios en contra de la soberanía nacional tienen que pagar por ese delito", sostuvo.
También indicó que se no puede "permitir que organizaciones criminales impongan sus propias reglas".
"Donde existe la delincuencia, debe existir el Estado y acabar con dicha delincuencia. Donde exista la violencia debe existir la autoridad, donde exista la corrupción debe existir la investigación y la sanción que es línea y eje central de este Gobierno", remarcó.
Por su parte, el nuevo comandante de la Policía afirmó que una de sus "primera tareas" será "la prevención en la lucha contra la criminalidad".
Álvarez juró como nuevo comandante de la Policía en reemplazo de Sokol, quien renunció al cargo este lunes, al considerar que concluyó su "ciclo" al frente de la institución, en medio de algunas polémicas.
Una de ellas ocurrió a principios de agosto, cuando el ahora exjefe policial afirmó que la captura del expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) "no es una prioridad", pese a que el también líder cocalero tiene dos órdenes de aprehensión por procesos en su contra.
Morales afronta una acusación por trata agravada de personas, por la supuesta relación que tuvo con una menor de edad con la que presuntamente tuvo una hija cuando era presidente en 2016, y también está investigado por terrorismo y alzamiento armado, entre otros delitos, por su presunta vinculación con las protestas sociales de mayo y junio.
Oviedo replicó entonces que para el Gobierno es una "tarea prioritaria detener a Evo Morales".
Contra Sokol está abierta una investigación por un audio difundido en julio, en el que supuestamente revelaba la existencia de un grupo de oficiales mayores que organizó una colecta de 2 millones de dólares para manipular los ascensos y la sucesión del mando policial.