La instrucción del polémico caso comenzó en 2023 tras una comida en casa de un activista que reunió a reconocidas personalidades del país, para intentar unificar a la oposición contra la "deriva" que -consideraron- tomó Túnez tras el acaparamiento de poderes por parte del presidente, Kais Said, en julio de 2021.
En febrero de 2023, se emitieron órdenes de detención contra los que asistieron a la comida y la instrucción alcanzó a más de cuarenta personas, algunas de las cuáles huyeron de Túnez, por lo que fueron juzgados 'in absentia'.
Según abogados de la defensa, que consideraron todo el proceso "un caso fabricado", durante la reunión de opositores se redactó una hoja de ruta para organizar un diálogo nacional "y no un plan para derrocar al Gobierno", como señaló la acusación.
Tras el juicio, se celebraron varias audiencias de apelación a solicitud de los representantes de los acusados, pero las penas de prisión se mantuvieron, aunque con una reducción de la condena más alta -inicialmente, de 66 años- a 45 años de cárcel.
Organizaciones nacionales e internacionales calificaron el proceso como "juicio político" y reiteraron que los encarcelados son "presos de conciencia", arrestados por "diferir y oponerse a la línea gubernamental".
La ONG Human Right Watch (HRW) señaló que las "duras penas son consecuencia de una grave distorsión del sistema judicial y solo buscan silenciar a la disidencia. Túnez, bajo el régimen de Kais Said, ha regresado a los años más oscuros de la era de Ben Ali (dictador derrocado en la revolución de 2011)".
El proceso fue también criticado por Amnistía Internacional (AI), que denunció la "falta de garantías procesales, juicios sin transparencia y el uso del sistema judicial contra la oposición política".
Desde que Said, en el poder desde 2019, se arrogara plenos poderes en 2021 y reformara el sistema político y la Constitución, se multiplicaron las denuncias de "instrumentalización de la justicia", represión contra la disidencia y retrocesos de las libertades.