La Gaceta Oficial de la República divulgó este jueves el Decreto-Ley 130, modificativo de la Ley 59 "Código Civil", del 16 de julio de 1987, para su entrada en vigor siete días después.
Con respecto a los bienes, la normativa establece que el usufructo podrá ser concedido a personas jurídicas por "un término de hasta noventa y nueve años, prorrogable por igual período de tiempo a solicitud del titular del derecho, formulada dentro del término de dos años antes de la fecha de su vencimiento".
Además, el decreto dispone que los derechos y obligaciones del usufructuario son los que "determina el título constitutivo del usufructo", lo que indica que las condiciones finales se determinarán en el acuerdo con el Estado.
Otro de los cambios de la normativa está relacionado con el derecho de superficie. Sobre este aspecto el nuevo texto decreta que los propietarios de solares yermos pueden conceder derechos de superficie para edificar viviendas u otras construcciones.
Así mismo, una de las modificaciones fija que el Estado puede entregar en derecho perpetuo de superficie terrenos de propiedad estatal, mediante el pago del precio correspondiente.
El pasado julio, la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, parlamento unicameral) aprobó la Ley De Tierra Agropecuaria y Forestal, que entre otras novedades, flexibiliza el procedimiento de entrega de tierras en usufructo a favor de personas naturales, jurídicas cubanas y extranjeras, tanto para la producción agropecuaria y forestal como para el autoabastecimiento, el agroturismo y el ecoturismo.
La norma jurídica en mención, también autoriza la entrega de tierras en usufructo a las micro, pequeñas y medianas empresas estatales, privadas o mixtas cubanas, con independencia de su objeto social, para la producción de alimentos, bienes y servicios agropecuarios o forestales, en correspondencia con las estrategias de desarrollo municipal.
Estos cambios están asociados a la actualización de las normas jurídicas en el marco de las 176 reformas económicas y sociales aprobadas por el Gobierno insular en junio y en proceso de implementación, con el fin liberalizar y descentralizar la economía cubana, marcada por una profunda policrisis que ha padecido la isla en décadas y que tiene motivos internos y externos.
Las reformas incluyen cambios que llevarían a dinamizar la agricultura, el comercio exterior y el sector inmobiliario, además de descentralizar la toma de decisiones, dotar de una mayor "autonomía" a empresas estatales y autorizar la participación del capital privado en la actividad financiera, entre otros.
La puesta en marcha de estas reformas se da en medio de la grave crisis económica en la que está sumida Cuba desde hace seis años, agudizada desde enero, cuando se inició el bloqueo petrolero de Estados Unidos, al que se han sumado una serie de sanciones adicionales con el fin de lograr cambios políticos y económicos en la isla.
La crisis económica cubana se traduce en unas condiciones en las que prima la escasez de alimentos, medicinas, combustibles, así como prolongados apagones diarios de más de veinte horas, una inflación descontrolada y una creciente dolarización que está generando tensiones económicas y sociales.