Los jueces tomaron esa decisión después de que no pudieron reinstalar por sexta vez la audiencia de juicio, ya que el exmandatario fue ingresado nuevamente a un hospital debido a que, según sus abogados, no se ha podido recuperar de una operación a la que fue sometido el pasado 25 de agosto.
La detención no será inmediata, ya que Bucaram está en un área de cuidados intensivos, pero los magistrados ordenaron a la Policía realizar una "vigilancia permanente" para que, una vez que salga del hospital, pueda escuchar la sentencia.
Esta es la tercera vez que la audiencia se declara fallida por cuestiones relacionadas a la salud del expresidente. La primera fue el pasado 26 de agosto, cuando sus abogados y familiares anunciaron que había sido internado de emergencia por una operación del corazón.
Salió del hospital días después, pero ingresó en otro diferente el pasado lunes, el mismo día en el que se iba a instalar la diligencia, que se postergó para este jueves, cuando nuevamente sus defensores aseguraron que estaba en un nuevo centro médico.
La Policía acudió esta tarde hasta el nuevo hospital, ubicado en el norte de Guayaquil, donde los médicos le indicaron que sí estaba internado, aunque los agentes no pudieron verlo porque estaba en cuidados intensivos.
La Fiscalía acusa al expresidente, a su hijo y a otras dos personas de "colaborar, entre marzo y agosto de 2020, con una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos por la comercialización de 21.000 pruebas para la detección de la covid-19 y otros insumos médicos, durante la emergencia sanitaria".
De acuerdo con las investigaciones, dos israelíes, uno de ellos asesinado en 2020 en la Penitenciaría del Litoral, la prisión más poblada y peligrosa del país ubicada en Guayaquil, habrían sido los encargados de movilizar las pruebas bajo custodia de agentes de tránsito hacia la casa del exmandatario, quien "también almacenó otros insumos médicos, como mascarillas y lancetas para la toma de muestras".
En total, cincuenta personas, entre peritos y testigos, declararon en este juicio, que inició el 11 de abril del año pasado, después de varios diferimientos registrados desde 2022.
El tribunal también dispuso que el Ministerio de Salud realice una auditoría a los informes que han emitido los hospitales en los que ha estado el exmandatario para, de ser necesario, pedir que se inicien investigaciones contra los centros médicos por una supuesta obstrucción a la justicia.