"Persisten algunas dudas sobre el pleno respeto de las garantías de un juicio justo. Tal y como hace habitualmente en sus contactos con las autoridades tunecinas, la UE reitera la importancia de garantizar el pleno respeto de los derechos humanos, incluida la libertad de expresión, y el respeto del derecho a un juicio justo", indicó un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior en un comunicado.
Señaló que la Unión Europea "lamenta que los contactos con diplomáticos acreditados en Túnez, incluidos los europeos, se hayan utilizado como motivo de acusación o como elemento de cargo".
En ese contexto, la UE reafirmó su compromiso con su asociación con Túnez y aseguró que seguirá apoyando a su pueblo en los esfuerzos por consolidar las instituciones democráticas y promover los derechos humanos.
Pero hizo un llamamiento a las autoridades tunecinas para "que restablezcan las condiciones necesarias para que el pluralismo y las voces independientes puedan contribuir al desarrollo del país".
El jueves, el Tribunal de Casación confirmó, en el llamado juicio por "conspiración contra la seguridad del Estado", largas penas de prisión para decenas de personalidades políticas, activistas, defensores de los derechos humanos y periodistas, entre los que se encuentran ciudadanos de la Unión Europea.
La instrucción del polémico caso comenzó en 2023 tras una comida en casa de un activista que reunió a reconocidas personalidades del país, para intentar unificar a la oposición contra la "deriva" que -consideraron- tomó Túnez tras el acaparamiento de poderes por parte del presidente, Kais Said, en julio de 2021.
En febrero de 2023, se emitieron órdenes de detención contra los que asistieron a la comida y la instrucción alcanzó a más de 40 personas, algunas de las cuáles huyeron de Túnez y han sido juzgadas en ausencia.
Según abogados de la defensa, que consideraron todo el proceso "un caso fabricado", durante la reunión de opositores se redactó una hoja de ruta para organizar un diálogo nacional "y no un plan para derrocar al Gobierno", como señaló la acusación.
Desde que Said, en el poder desde 2019, se arrogara plenos poderes en 2021 y reformara el sistema político y la Constitución, se multiplicaron las denuncias de "instrumentalización de la justicia", represión contra la disidencia y retrocesos de las libertades.