Cuatro formaciones formularon ésta y otras acusaciones contra Ramaphosa en la última de tres jornadas de audiencias iniciadas el pasado miércoles para evaluar el recurso del mandatario en el Tribunal Superior del Cabo Occidental (suroeste).
El presidente busca que el informe sea desestimado, al considerar que el panel independiente que lo elaboró no reunió suficientes pruebas y no tuvo en cuenta que, según su defensa, el mandatario actuó sin mala fe.
"Sólo están malgastando tiempo", afirmó ante la corte el abogado Dali Mpofu, en nombre del uMkhonto weSizwe (Partido MK), tercer partido del país, al acusar a Ramaphosa de emplear una estrategia de "Stalingrado" para demorar el proceso lo más posible.
Contradiciendo los argumentos del jefe de Estado, Mpofu aseveró que "el hecho de que las normas permitan al presidente exponer su versión de los hechos deja claro que el panel tiene que sopesar todas las pruebas" de manera equilibrada, "tal y como hizo".
Además del MK, se oponen al recurso también el Movimiento Africano de Transformación (ATM) -que presentó la moción inicial contra el presidente-, los Luchadores por la Libertad Económica (EFF) y Transformación de los Africanos Unidos (UAT).
El letrado Thabani Masuku, que representa al UAT, aseguró que "si esta solicitud prosperara, el Parlamento no podría exigir responsabilidades al presidente", al subrayar que el "deber" del mandatario incluye "someterse a estos procesos de rendición de cuentas (...) consagrados en la Constitución".
En la sesión del jueves, Mfesane Ka-Siboto, abogado del EFF -de extrema izquierda y cuarto partido del país- contradijo también a la defensa de Ramaphosa, al argüir que su "conducta de mala fe" quedó demostrada cuando no denunció a la Policía un robo millonario en 2020 en una granja de su propiedad.
Esa finca, situada en Phala Phala, en la provincia de Limpopo (norte), fue el escenario del escándalo investigado por el citado informe de 2022.
En junio de ese año, el exjefe de la agencia de inteligencia sudafricana Artur Fraser -cercano al expresidente Jacob Zuma (2009-2018)- presentó una demanda según la cual el 9 de febrero de 2020 se produjo un robo de casi 4 millones de euros escondidos en la granja.
Sin embargo, Ramaphosa cifró el dinero sustraído en 580.000 dólares (unos 500.000 euros al cambio actual).
La revelación del robo llevó al partido minoritario ATM a presentar en julio de 2022 una moción contra Ramaphosa y a la creación del citado panel, cuyo informe concluyó entonces que "prima facie", el presidente pudo cometer una "violación grave" de leyes anticorrupción.
El mandatario admitió el robo y que se dedica a la venta de animales de presa, pero aseguró que el dinero sustraído provenía de ese negocio (donde es habitual pagar en efectivo) y no de lavado de dinero, como sostenía Fraser.
Aunque el proceso de posible destitución del presidente se paralizó en 2022 después de que el Parlamento -dominado entonces por su partido- rechazara el informe, se reanudó el pasado 8 de mayo, cuando el Tribunal Constitucional declaró "inválida y nula" esa votación en la Cámara.
Tras ese fallo, se creó un comité parlamentario que debía investigar los hechos, pero, el pasado julio, el proceso se vio interrumpido de nuevo a la espera de que la Justicia resuelva el recurso presentado por Ramaphosa contra el informe.