La medida establece un plazo de 90 días para que Burgum tome una decisión, como parte de los esfuerzos de la administración para apoyar a los rancheros que denuncian ataques de lobos contra su ganado.
Durante su primer mandato, Trump ya había ordenado retirar a los lobos grises de la lista federal de especies en peligro de extinción, pero un tribunal anuló posteriormente esa medida.
La nueva orden provocó críticas de organizaciones conservacionistas. Greta Anderson, subdirectora de Western Watersheds Project, afirmó en un comunicado que el impacto de los lobos en la industria ganadera “palidece” en comparación con los efectos de los recientes acuerdos comerciales impulsados por el mandatario y con los desafíos que enfrenta la ganadería en el Oeste de EE.UU. debido a las condiciones climáticas cambiantes.
Las organizaciones defensoras de los lobos han señalado que los ganaderos pueden recibir una compensación por las pérdidas causadas por la depredación de lobos a través de programas estatales y federales.
Asimismo, los departamentos estatales de vida silvestre financian medidas para mitigar los conflictos, como el retiro de animales muertos y la vigilancia de los rebaños durante el pastoreo, que pueden ayudar a reducir los comportamientos de habituación.
Según cifras del Grand Canyon Wolf Recovery Project, apenas quedan 317 lobos grises mexicanos en libertad. Esta población enfrenta importantes desafíos genéticos, por lo que sus defensores advierten que debilitar las protecciones federales podría poner en riesgo décadas de esfuerzos de recuperación.
“El problema no son los lobos mexicanos, sino el enfoque de la administración para resolver los supuestos conflictos. Si la administración realmente quisiera apoyar a los ganaderos, daría prioridad a aumentar la financiación de iniciativas no letales para crear soluciones duraderas”, señaló Regan Downey, directora de educación y defensa del Wolf Conservation Center.