"Creí que le había servido a la nación, pero hoy acudo a decir que no he sido asesino", manifestó Uribe a los medios antes de entrar a la sede de la Fiscalía para la indagatoria, en la que deberá responder por los señalamientos que lo vinculan con esos hechos ocurridos cuando era gobernador de Antioquia (1995-1997).
Durante su intervención, el exmandatario sostuvo que la acusación forma parte de lo que calificó como una serie de señalamientos promovidos por "sus adversarios políticos" y recordó otras acusaciones que, según dijo, ha enfrentado a lo largo de su trayectoria.
La Fiscalía investiga la posible responsabilidad de Uribe, por acción u omisión, en las masacres perpetradas en zonas rurales del municipio de Ituango, donde grupos paramilitares asesinaron a campesinos en 1996 y 1997.
El expediente también incluye el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, asesinado en Medellín el 27 de febrero de 1998, después de denunciar ante distintas autoridades, entre ellas Uribe antes de terminar su periodo de gobernador, la actuación de grupos paramilitares en Ituango y su presunta connivencia con miembros de la fuerza pública.
Uribe rechazó nuevamente los señalamientos que lo vinculan con el paramilitarismo y aseguró que durante su gobierno se redujeron el narcotráfico y las organizaciones paramilitares.
El expresidente también mencionó al exmandatario Gustavo Petro (2002-2006), de quien dijo que su Gobierno fue combatido por el uribismo "mirando a los ojos y sin pretensiones de pactos o favorecimientos", pero aseguró que, pese a sus diferencias políticas, defiende para él las mismas garantías constitucionales que reclama para sí.
"Frente a él, como frente a cualquier ciudadano acusado con o sin justicia, prefiero mi adhesión a las mismas garantías constitucionales que para mí reclamo, en lugar de caer en la rabiosa actitud del diente por diente o del ojo por ojo", expresó.
Finalmente, Uribe vinculó su comparecencia con el proceso judicial que terminó en la condena de su hermano Santiago Uribe, a quien en junio la Corte Suprema de Justicia ratificó una pena de 28 años y tres meses de prisión por la creación del grupo paramilitar Los Doce Apóstoles, al que se atribuyen unos 525 homicidios cometidos por sicarios que actuaban bajo sus órdenes en el departamento de Antioquia.