La red localizaba en Colombia a personas de especial vulnerabilidad económica y social, informó el Ministerio del Interior, les hacía falsas promesas de formación académica y prácticas profesionales en España y una vez aquí las explotaban en establecimientos de hostelería, diciéndoles que tenían una deuda económica que utilizaban como mecanismo de control y coacción.
La investigación comenzó en noviembre de 2023, cuando los agentes lograron desarticular una organización asentada en Torredembarra (Tarragona, en el noreste de España) dedicada a esa actividad delictiva.
El primer escalón de la organización estaba integrado por personas en Colombia encargadas de localizar, seleccionar y captar a las víctimas.
Las pesquisas permitieron constatar que la red contaba con una estructura jerarquizada y definida, con funciones diferenciadas en cada fase del proceso.
En numerosos casos la propia organización gestionaba el traslado a España, generando una deuda económica que posteriormente era utilizada como instrumento de control y coacción.
En lugar de lo prometido, los detenidos obligaban a las víctimas a trabajar en establecimientos de hostelería de Tarragona y Madrid, fundamentalmente.
En dos fases operativas llevadas a cabo en abril de 2024 y julio de 2025 los agentes actuaron contra los integrantes de la organización en España, con un total de 22 detenidos y 57 potenciales víctimas localizadas en Tarragona y Madrid.
El análisis de la información obtenida y de los testimonios de las víctimas permitió identificar una estructura estable en Colombia, y agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se desplazaron allí para coordinar y apoyar la investigación junto a las autoridades colombianas.
Finalmente fueron arrestadas en Tarragona tres personas de nacionalidad española y colombiana sobre las que pesaban órdenes internacionales de detención por su presunta participación en las actividades de la organización.
La Policía Nacional de Colombia llevó a cabo cuatro registros en Bogotá, que culminaron con el arresto de otras cinco personas.
Los detenidos fueron puestos a disposición de la Audiencia Nacional, competente en relación con las órdenes internacionales de detención emitidas por las autoridades colombianas.
La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.