"Pido a los Estados miembros que se abstengan de normalizar los lazos con las autoridades de facto, lo que contribuye a legitimarlas, mientras no reviertan sus políticas deliberadamente opresivas", señaló Bennett este lunes, durante su intervención en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Tras cinco años de poder talibán, "puede resultar tentador plantearse un cambio de enfoque, pero ni el diálogo con ellos ni su aislamiento parecen marcar ninguna diferencia", lamentó, señalando que el régimen no ha dado ninguna muestra de que vaya a moderar su conducta.
Muy al contrario, recordó que decretos adoptados durante el último año legitiman el matrimonio infantil, al considerar que toda niña que haya alcanzado la pubertad puede casarse, o autorizan la violencia contra mujeres y niñas, ya que contemplan castigos sólo en caso de huesos rotos o hematomas visibles.
El relator aseguró que tras cinco años en el poder, los talibanes han impuesto una represión que "no sólo vulnera los derechos humanos de los afganos, sino que está transformando el tejido social del país", por ejemplo, al vetar el acceso de las niñas a la educación.
"Ahora los decretos de los talibanes se adentran en los ámbitos más privados de la vida, desde quién se casa y con quién a cómo los afganos practican su religión, visten o incluso lo qué pueden decir", subrayó.
Bennett denunció también la persecución que sufren por su religión y etnia comunidades de Afganistán como la hazara, la tayika o la uzbeca, así como los grupos chiíes, que este año se enfrentaron a crecientes restricciones en sus conmemoraciones religiosas.
El relator recordó que en el marco del conflicto entre Pakistán y Afganistán, más de un millar de civiles afganos han muerto por ataques transfronterizos, como el que en marzo golpeó un centro de rehabilitación de drogodependientes de Kabul.
Agregó que millones de refugiados y migrantes afganos han regresado en los últimos años, en ocasiones a la fuerza, desde las vecinas Pakistán e Irán, incluidas personas que tras su retorno sufrieron represalias por sus vínculos con el anterior gobierno, por pertenecer a minorías o a colectivos como el LGTBIQ.