En un comunicado, la organización Abogados de Emergencia condenó "enérgicamente" el ataque con un dron perpetrado hoy por las FAR contra un tribunal en Um Rawaba, que dejó al menos "diez muertos y decenas de heridos", según informes preliminares.
Hasta el momento, el grupo paramilitar sudanés no se ha pronunciado al respecto.
La ONG advirtió de que atacar instalaciones judiciales y civiles constituye "una grave violación del derecho internacional humanitario, socava el sistema de Justicia y pone en peligro la vida de quienes trabajan en estas instituciones y de quienes se encuentran presentes en ellas".
Asimismo, denunció que el ataque también "reaviva la creciente preocupación por la seguridad de los civiles y del personal judicial en todo Sudán".
La nota exigió "el cese inmediato de los ataques contra instalaciones civiles y judiciales, una investigación independiente y transparente del ataque, que se exijan responsabilidades a los culpables y que se garantice la protección de los trabajadores del sector judicial, los litigantes y las instalaciones judiciales".
La organización hizo un llamamiento a todas las partes en el conflicto para que se adhieran "estrictamente al derecho internacional humanitario, protejan a los civiles y la infraestructura civil, y respeten la independencia e integridad de las instituciones de Justicia".
Kordofán del Norte se ha convertido en uno de los principales frentes de la guerra debido a su posición estratégica, ya que conecta Jartum y el centro del país con Darfur.
Su capital, Al Obeid, es además un importante nodo logístico, militar y humanitario y lleva meses sometida a un asedio casi completo por parte de los paramilitares.
La guerra en Sudán estalló en abril de 2023 entre el Ejército y las FAR y, desde entonces, decenas de miles de personas han muerto y alrededor de 14 millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares, lo que ha convertido al país en el escenario de la mayor crisis de desplazamiento del planeta, según Naciones Unidas.