A través de un comunicado, las organizaciones exhortaron a que se asuma como compromiso la transparencia e información pública, el cumplimiento efectivo de las obligaciones ambientales y de derechos humanos, así como la protección y reparación de las comunidades vulnerables y la atención de los derrames.
"La industria petrolera venezolana está sumida en una crisis ambiental crónica, caracterizada por constantes derrames de hidrocarburos y destrucción de ecosistemas continentales y marinos", indicaron Provea y Clima21.
En este contexto, consideraron que los acuerdos deben incluir "compromisos exigibles de atención de los pasivos ambientales acumulados, el control de las contingencias actuales y la restauración de los territorios degradados".
"Advertimos con preocupación que continúe planteándose la expansión del extractivismo petrolero y minero como única respuesta a la crisis socioeconómica, mientras persisten graves problemas sociales y ambientales asociados a estas actividades sin que se adopten medidas suficientes para atenderlos", manifestaron.
El pasado 28 de agosto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo para desarrollar las reservas petroleras de Venezuela y otorgar al Pentágono una participación en los beneficios obtenidos.
Según el Gobierno venezolano, el convenio tiene una vigencia de 25 años y consiste en el desarrollo de 17 campos con un total de 65.000 millones de barriles, con un objetivo de producción superior a 1,5 millones de barriles por día.
Desde la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero en Caracas, la relación entre Venezuela y Estados Unidos pasó de la confrontación a un progresivo acercamiento con el levantamiento de sanciones y una creciente normalización, lo que incluye además licencias para la minería.
En marzo pasado, el Departamento del Tesoro emitió una licencia que autoriza determinadas actividades relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano a cargo de empresas estadounidenses.