A los miembros de las Fuerzas Armadas se les impuso la 'Medalla al Defensor de la Democracia' en una ceremonia celebrada en el Cuartel General del Ejército, según informó en un comunicado el Ministerio de Defensa.
El acto estuvo presidido por el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, y reconoció a integrantes ya retirados del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
La ‘Medalla al Defensor de la Democracia’ está destinada a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, Comités de Autodefensa y ciudadanos que lucharon, resultaron heridos o con discapacidad durante el combate a Sendero Luminoso y el MRTA.
"Esta medalla representa el reconocimiento de la República a quienes enfrentaron la violencia terrorista y asumieron con valor y sacrificio la responsabilidad de defender a los peruanos, nuestras instituciones y nuestro Estado de derecho", señaló Belaúnde.
El conflicto interno se desató en Perú ante el intento de tomar el poder a través de acciones terroristas por parte de Sendero Luminoso, de corte maoísta, y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), de línea marxista, lo que fue respondido por las fuerzas estatales con gran violencia y múltiples episodios de violaciones a los derechos humanos.
Producto de ello, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), padre de la actual presidente, fue condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), además de por diversos casos de corrupción.
El fujimorismo únicamente condena la violencia terrorista de Sendero Luminoso y el MRTA y defiende a los militares y policías que están procesados o condenados por violaciones a los derechos humanos durante ese período, a quienes considera perseguidos por la Justicia.
En 2025 el fujimorismo y otras fuerzas de derecha, con el respaldo de la entonces presidenta Dina Boluarte, aprobaron una polémica amnistía para policías, militares y civiles de los comités de autodefensa que se encontrasen procesados o condenados por actos durante el conflicto armado, lo que los jueces se han negado a aplicar al entender que es inconstitucional.
De acuerdo con informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), el conflicto armado dejó aproximadamente 69.000 muertos a nivel nacional, la mayoría de ellos a manos de Sendero Luminoso, así como unos 22.000 desaparecidos.