"El pleno resolvió remover en votación dividida a once integrantes de la judicatura, considerando que no mantuvieron el buen comportamiento que exige el artículo 80 de la Carta Fundamental", indicó en una declaración a la prensa Gloria Ana Chevesich, presidenta del máximo tribunal.
El precepto constitucional establece en una de sus excepciones la facultad de la Corte Suprema para destituir jueces tras determinar que no han tenido un buen comportamiento "previo informe del inculpado y de la Corte de Apelaciones respectiva".
Chevesich había defendido con anterioridad el uso de esta atribución, señalando que su finalidad es resguardar la confianza pública y la integridad institucional del Poder Judicial.
Un total de 58 jueces fueron investigados bajo la misma causa de licencias médicas, luego de que el pasado 16 de junio, el máximo tribunal abrió procesos disciplinarios por la infracción de ese artículo.
La cifra, no obstante, quedó reducida en una primera revisión a 37 debido a que hubo casos en los que estimaron que no se correspondía decidir porque los jueces no estaban desempeñando el cargo cuando viajaron o habían renunciado.
Entre los profesionales restantes, la Corte también notificó el rechazo a la remoción de 26 jueces, por no alcanzarse los votos requeridos para dicha decisión.
Para proceder a la expulsión, la sanción debía ser aprobada por once de los integrantes del máximo tribunal del país.
La decisión de la Corte, no obstante, llega en medio de un conflicto jurídico con el Tribunal Constitucional (TC) que mantiene suspendidos diez de estos expedientes, y que no podrá decidir sobre ellos hasta que el órgano constitucional adopte una resolución definitiva.
Este procedimiento aplicado a los jueces, surgió a raíz de un sumario que abrió en mayo de 2025 el ex ministro de Hacienda, Mario Marcel, en el gobierno del expresidente Gabriel Boric (2022-2026), contra más de seis mil funcionarios por mal uso de licencias médicas, un escándalo que generó gran polémica en el país.
La polémica estalló cuando la Contraloría General de la República, el órgano que fiscaliza a las instituciones del Estado chileno, publicó que 25.000 funcionarios viajaron al extranjero entre 2023 y 2024 mientras estaban de baja médica.
El informe se elaboró tras cruzar datos de las salidas internacionales registradas por la Policía de Investigaciones (PDI) y licencias médicas otorgadas.
La Contraloría, posteriormente, anunció que la investigación se extendía en el sector público a los cuerpos policiales y a las Fuerzas Armadas.