Esas operaciones provocaron una afectación económica de 4.659 millones de dólares a las organizaciones delictivas que operan en esas zonas, "debilitando una de sus principales fuentes de financiamiento", señaló la cartera de Estado.
Durante ese tiempo también se destruyeron 1.748 bocaminas (entradas de minas); 590 retroexcavadoras, 537 clasificadoras y 395 dragas, y se decomisaron 54.954 sacos de material aurífero.
El Gobierno ecuatoriano intensificó estas operaciones en varias zonas a nivel nacional después de que, en mayo del año pasado, once militares fueron asesinados en una emboscada cuando realizaban un operativo contra la minería ilegal en el Alto Punino, en la Amazonía.
El ataque fue atribuido a los Comandos de la Frontera, grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que, según las autoridades, se han aliado con Los Lobos, la banda criminal más grande y poderosa del país andino, para explotar varios enclaves.
Además, motivó al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a declarar a los Comandos de la Frontera como organización terrorista, junta otras dos disidencias de las FARC.
Precisamente en el Alto Punino intervino el pasado lunes una de las dos aeronaves MV-22B Osprey de los Marines de Estados Unidos que llegaron al país para apoyar a las Fuerzas Armadas locales en acciones contra los grupos criminales, principalmente dedicados al narcotráfico, pero que en los últimos años han incursionado con fuerza en la minería ilegal, la extorsión y el secuestro.
Estas bandas han ingresado a explotar incluso en zonas protegidas de la Amazonía y también en sectores fronterizos con Colombia y con Perú.