"El Gobierno Federal de Nigeria ha recibido con profunda conmoción los informes de los recientes asesinatos de dos nacionales nigerianos en Sudáfrica", afirmó en la nota el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Oluwafemi Adeniyi, a última hora del viernes.
Las víctimas fueron identificadas como el obispo Taiwo Michael Fakunle, asesinado en su residencia del barrio de Kensington en la ciudad de Johannesburgo el pasado 4 de septiembre, y James Uchechukwu Nwankwo, quien falleció el 5 de septiembre en Somerset en la Ciudad del Cabo tras ser sometido a "horribles técnicas de interrogatorio" por agentes del Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS).
El Ejecutivo nigeriano expresó su alarma por el hecho de que las fuerzas de seguridad sudafricanas estén "exacerbando una situación ya frágil al recurrir a técnicas de interrogatorio inaceptables que con frecuencia han provocado la muerte de extranjeros".
El ministro advirtió de que estos episodios ocurren en un contexto de "ataques xenófobos y afrofóbicos generalizados" en Sudáfrica, lo que cuestiona la seguridad de los ciudadanos extranjeros y el compromiso de Pretoria para frenar la violencia dirigida contra esta población.
Nigeria recordó que Sudáfrica aún no ha suscrito el Memorando de Entendimiento para el Establecimiento de un Mecanismo de Alerta Temprana, un instrumento bilateral previamente firmado por Abuya para prevenir incidentes de esta índole.
Ante la falta de avances, el Gobierno nigeriano señaló que está considerando "medidas concretas" para lograr la cooperación sudafricana, tras haber llevado formalmente la situación ante los órganos de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) y de la Unión Africana (UA).
“Como seguimiento a estos pasos diplomáticos, el Gobierno de Nigeria está considerando activamente otras medidas concretas para lograr la cooperación de las autoridades sudafricanas en este asunto”, concluyó el comunicado sin dar más detalles.
La tensión con Sudáfrica ya se había elevado ayer, cuando el Parlamento de Nigeria aprobó boicotear las visitas oficiales al país austral y las actividades legislativas organizadas o auspiciadas por las autoridades sudafricanas, debido a la violencia xenófoba que vive el país contra migrantes africanos.
De acuerdo con un comunicado de la Cámara de Representantes (Cámara Baja), este boicot, que permanecerá vigente "según lo requieran las circunstancias", estuvo acompañado de un nuevo llamamiento a Sudáfrica para que tome "medidas urgentes y concretas" destinadas a proteger a los migrantes africanos contra estos ataques, y a investigar los incidentes para llevar ante la justicia a sus autores.
Las autoridades sudafricanas cifraron en más de 86.000 los migrantes africanos repatriados en los últimos meses por esta violencia, una cifra que palidece ante los casi 180.000 retornos notificados en total por los gobiernos de los países de origen.
Entre los países que han repatriado a sus ciudadanos se encuentran Zimbabue (más de 115.000), Malaui (56.723), Mozambique (2.071), Kenia (472), Uganda (1.030), Ghana (1.964), Nigeria (1.490), Tanzania (173) y la República Democrática del Congo (121).
