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Militares cumplen una semana desplegados en torno a cinco cárceles de Perú bajo emergencia

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Lima, 13 sep (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Perú cumplieron este domingo una semana desplegadas en torno a las cinco cárceles declaradas por el Gobierno en emergencia por 60 días, en las que ha puesto a los militares a resguardar su perímetro como primera medida de la reforma del sistema penitenciario que plantea el Ejecutivo.

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El cerco militar se mantiene en los accesos a las prisiones de Miguel Castro Castro y Ancón I, ambas en Lima, según detalló en un comunicado el Ministerio de Defensa.

También sucede lo propio en la cárcel de hombres de la ciudad norteña de Trujillo, y en las penitenciarías de Cochamarca, en la región andina de Junín, y de Challapalca, en la sureña Tacna, a 4.600 metros de altitud.

El decreto emitido por el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori establece que las Fuerzas Armadas pueden apoyar a la Policía Nacional en el control y protección del perímetro exterior de los establecimientos penitenciarios, hasta un radio de 200 metros.

El Gobierno de Fujimori planea hacer fuertes reformas en el sistema penitenciario, conforme ha anticipado en la solicitud de facultades legislativas presentada al Parlamento para emitir normas durante 120 días en diversas materias, entre ellas la seguridad y la lucha al crimen organizado.

Una de las propuestas estrella de la campaña electoral de Fujimori era poner a trabajar a los presos y condicionar la entrega de comida al trabajo realizado, además de dar más protagonismo a las Fuerzas Armadas en el control del orden público.

Muestra de ello es que ha designado como ministro del Interior al general del Ejército César Astudillo, y al frente del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), el organismo estatal encargado de la administración y custodia de las cárceles, ha puesto al coronel de la Fuerza Aérea Abraham Lescano, especializado en inteligencia estratégica.

El Inpe informó que, entre el 22 y 26 de agosto, la Contraloría de la República (Tribunal de Cuentas) realizó inspecciones en una serie de cárceles, entre ellas Ancón I, donde encontró escáneres ausentes o averiados para controlar el ingreso de personas y paquetes.

También advirtió fallos o limitaciones en el sistema de videovigilancia, así como en los dispositivos de vigilancia del perímetro carcelario, además de encontrar en mal estado de conservación los elementos de seguridad física y deficiencias en el equipamiento de los torreones y del sistema de alumbrado.

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