Por supuestamente causar un perjuicio patrimonial de G. 757.166.276 a la Municipalidad de Ciudad del Este con la construcción del Hospital Regional local, el exintendente municipal Miguel Prieto Vallejos, el director de Desarrollo Social, Sebastián Martínez Insfrán, y la miembro titular del Consejo Local de Salud, Valeria Fabiana Romero Escobar, fueron acusados por lesión de confianza por los fiscales Yeimy Adle, Verónica Valdez y Silvio Corbeta.
El requerimiento conclusivo fue presentado el viernes pasado por los representantes del Ministerio Público, quienes de esta manera solicitaron también que la referida causa sea elevada a la etapa de juicio oral y público por el juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos del Primer Turno, Humberto Otazú.
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De acuerdo con datos señalados en la acusación fiscal, entre el 2019 y 2022, el entonces jefe comunal había destinado la suma total de G. 11.295.555.300 al Consejo Local de Salud, representado entonces por el Bioq. Walter García. El dinero debió invertirse en la compra de insumos médicos y mejoramiento de infraestructura del Hospital Regional esteño.
Cabe detallar que los fondos destinados a salud provenían de las recaudaciones en concepto de dársenas, cánones o alquileres cobrados por la comuna a empresas de transporte de la terminal. Los mismos, en este marco, debían estar sujetos a mecanismos de planificación, fiscalización, contratación, rendición y control desde el inicio hasta la ejecución y entrega de obras.
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En dicho contexto, durante la administración de Prieto, entre el 2020 y el 2022 se firmaron en total 8 contratos con las firmas “Servmaq”, de Fredy Guzmán Martínez, y “M&M Constructora”, de la Cinthia Noelia Alen Guerrero, quien fue funcionaria de la comuna entre 2020 y 2021.
En el periodo indicado, se emitieron en total de 10 órdenes de pago, de lo cual resultaron en un perjuicio de G. 757.166.276, que es la diferencia entre lo pagado por el Consejo Local de Salud y lo realmente construido en el hospital.
Miguel Prieto y los otros dos acusados tuvieron participación activa, según fiscalía
Los agentes fiscales analizaron los datos recabados durante la etapa preparatoria y señalaron que Miguel Prieto “tuvo una activa participación, transfirió montos, realizó pagos al Consejo Local de Salud, firmó contratos con esta entidad para fines determinados, y omitió realizar un control de las obras”, teniendo en cuenta que era el encargado de velar por el buen uso de los fondos.
En ese sentido, afirma la Fiscalía que Miguel Prieto, como ordenador de gastos, “tenía la obligación implícita de efectuar un control exhaustivo del destino de las sumas de dinero, así como conforme la normativa interna, designar fiscalizadores de obras, realizar dictámenes de obras y la viabilidad de su ejecución”.
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Otro párrafo de la acusación refiere que Prieto tuvo posibilidad de realizar “convocatorias y llamados a licitaciones públicas que permitirían una mejor transparencia en la adjudicación de los contratos a empresas que resultaron tener vínculos estrechos con su administración, sin embargo, omitió dicho control realizando transferencias a organizaciones sin fines de lucro, dejando en manos de los mismos y a su arbitrio la selección de empresas constructoras”.
En tanto que, respecto a Sebastían Martínez, quien ocupó la función de Director de Desarrollo Social, se canalizaron los pedidos del Consejo Local de Salud para efectivizar las transferencias de recursos para las inversiones físicas.
Asimismo, con relación a Valeria Romero, como miembro titular, participó de la Asamblea N° 1, durante la cual presentaron sus ofertas tres empresas constructoras y con su voto se designó y aprobó la asignación de las obras a la firma M&M Constructora.
Consejo contrató a firmas amigas del exintendente Miguel Prieto
Tras las transferencias de fondos hechas por la Municipalidad de Ciudad del Este al Consejo Local de Salud, este último procedió a la contratación y pago de obras ejecutadas por las firmas “Servmaq” y “M&M Constructora”, sin que se hayan realizado controles previstos para esas inversiones.
Es más, se detalla en la acusación que “el proceso de adjudicación de estos 8 contratos no pasó por el control de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) sino que fueron adjudicados al margen de esta”. Del total de contratos, 7 fueron con la firma Servmaq y uno con M&M Constructora.
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De acuerdo con la Fiscalía, si se hubiese dado la intervención de la DNCP, se “hubiese podido garantizar una mayor transparencia en el proceso a través de la publicidad de las diferentes etapas que incluyen la convocatoria, establecer las bases concursales, precios referenciales, concurso de ofertas, evaluación de las mismas, la contratación, entre otros pasos para prevenir direccionamientos, así como posibilitar el control y escrutinio público de los contratos”.
A ello se suma que la firma Servmaq, luego de que Miguel Prieto asumiera como intendente, tuvo constantes adjudicaciones, según lo informado por la propia DNCP. En ese sentido, se detalló que la citada empresa fue beneficiada con 10 licitaciones públicas por un valor de unos G. 15.113.270.053, entre el 10 de abril de 2019 y el 13 de junio 2025.
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En tanto que, la firma M&M Constructora, considerada como una firma de fachada, no se dedicaría a la construcción, sino que es un estudio contable ligado a la contratada por la comuna Cinthia Alen Guerrero, contratada como docente por la municipalidad entre el 2020 y 2021, es decir, en el mismo periodo de la contratación.
Esos aspectos, según la acusación fiscal, dan cuenta de que “la contratación de ambas empresas Servmaq y M&M Constructora fueron direccionadas”, ya que “en el caso de M&M Constructora nunca tuvo la suficiente capacidad, solvencia económica ni técnica” para cumplir con el fin del contrato.
Intendente designó a miembros de Consejo Local de Salud
Entre otros aspectos el entonces intendente de Municipalidad de Ciudad del Este, Miguel Prieto, junto con otras autoridades conformaron el Consejo Local de Salud y designaron a sus miembros.
De esa manera el Consejo Local de Salud de la Municipalidad de Ciudad del Este quedó conformado, de acuerdo con la Asamblea N° 1 del 3 de septiembre de 20219 y reconocida por Resolución N° 1.528/IM del 28 de octubre de 2019, así:
- Presidente del Consejo: Walter Hugo García Méndez (Director de Salud) y actual diputado nacional, quien fue imputado, pero no se inició el proceso en su contra por contar con fueros.
- Vice Pdte. del Consejo: Hugo Benitez
- Tesorero: Salem Esgaib Zugaib. Secretaria: Lucía Elizabeth Lisboa de Torales.
- Síndicos Titulares: Sebastían Martínez Insfrán (Director de Desarrollo Social) y Ana Amarilla de Borba.
- Miembros Titulares: Blanca Fariña, Valeria Romero, y Gustavo Meza.
- Miembro Suplente: Karen González Vergara.
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La acusación fiscal refiere que, Prieto y las demás autoridades municipales “dotaron de recursos propios a dicha organización sin fines de lucro, que se encargaba de dar cumplimiento a ciertos aspectos de la política sanitaria, especialmente atendió entre 2020 a 2022 las necesidades requeridas por el Hospital Regional de Ciudad del Este”.
Sin embargo, luego de que se haya dotado de fondos al órgano, “la Municipalidad debió de seguir obligatoriamente ciertos parámetros que le permitan realizar un control exhaustivo de las obras realizadas con fondos municipales destinados al Consejo Local, y en tal sentido, se debieron designar fiscalizadores de las obras”.
“Se constató dentro de la investigación que la Municipalidad nunca le dio un seguimiento ni realizó un control minucioso de las inversiones realizadas”, es lo que refiere la fiscalía con relación a cómo se procedió durante la ejecución de las obras que causaron un perjuicio de poco más de G. 757 millones.
Municipalidad ordenó millonarios pagos por obras en hospital
Entre los años 2019 y 2020, la Municipalidad de Ciudad del Este transfirió al Consejo Local de Salud, la suma de G. 11.295.555.300, en un total de 10 órdenes de pago firmadas por el entonces intendente Miguel Prieto.
La primera orden de pago fue por la suma de G. 441.173.500, autorizada por autorizada por Resolución Nº 2107/19, luego de que el 18 de diciembre de 2019 se haya suscrito contrato de transferencia con el Consejo por dicho monto, con los representantes Walter García, Lucía Lisboa de Torales y Salem Esgaib. La cifra se depositó el 20 de ese mes y año.
La segunda orden de pago por G. 383.164.500 fue autorizada por la Resolución Nº 2.278/20 IM del 3 de enero de 2020; el 29 de enero de 2020 se suscribió contrato y se depositó el 29 de enero de 2020. El 9 de marzo, el Consejo informó sobre un pago de adelanto a Servmaq por G. 137.000.000 “Servicios de Refacción UTI” pagado en febrero y sobre otro pago por el mismo concepto por G. 227.936.874.
Prieto autorizó la tercera orden de pago el 21 de febrero de 2020, mediante la Resolución Nº 3.013/20 IM, por la suma de G. 396.766.500, la cual fue depositada el 24 de febrero de 2020.
En tanto que la cuarta orden de pago fue autorizada por el intendente municipal el 13 de marzo de 2020, mediante la Resolución Nº 3.317/20 IM, por la suma de G. 931.031.800 que fue recepcionada el 16 de marzo. El 6 e abril, el titular del Consejo informó que se utilizaron G. 657.294.164 para pagos de las refacciones y adelantos.
Posteriormente, el 24 de marzo de 2020 Miguel Prieto ordenó la quinta orden de pago, autorizada por Resolución Nº 3.357/20 IM, por la suma de G. 343.419.000 que fue recepcionada por el Consejo el 30 de marzo. Recién el 8 de mayo, el presidente del órgano informó sobre el uso de G. 368.605.000 en concepto de “construcción y equipos mobiliarios en el Pabellón de Contingencia”.
Consejo pidió millonaria transferencia municipal en medio de pandemia
Luego, por Resolución Nº 3.356/20 IM el intendente Miguel Prieto autorizó la sexta orden de pago por la suma de G. 3.000.000.000, que fue recepcionada por el Consejo el 31 de marzo de 2020. De los cuales se utilizaron poco más de G. 977 millones para pagos a la firma Servmaq, entre pago de saldos y otros conceptos. Además, se hizo entrega de G. 500.000.000 a la firma M&M Constructora, de Alen Guerrero.
Ya el 30 de marzo de 2021, el intendente Miguel Prieto ordenó el pago de G. 500.000.000 por Resolución Nº 5.602/21 IM, tras suscribir contrato con los representantes del Consejo, que el 26 de febrero de 2021 solicitó una transferencia de G. 5.300.000.000 para “la Ampliación y Reforma del Áde Traumatología, Urgencia, Nefrología y la Unidad de Terapia Intensiva para Niños del Hospital Regional”.
Y más tarde, el 19 de marzo de 2021, en medio de la pandemia por covid-19 y durante la ejecución de la ampliación de las referidas áreas del nosocomio, el Consejo solicitó a la Dirección de Finanzas de la Municipalidad de Ciudad del Este, la transferencia urgente de G. 5.800.000.000, de los cuales G. 500.000.000 iban a destinarse a la caja chica para atender pedidos del hospital regional.
Más adelante, el 28 de abril de 2021, el intendente Prieto ordenó el pago de G. 3.500.000.000 a través de cheques al Consejo Local de Salud, que fue autorizado por Resolución Nº 5.890/21 IM, y que constituía la octava orden de pago. Sobre esto, el 24 de junio, el órgano informó que efectuó el pago de G. 2.000.000.000 por las obras de ampliación a la firma M&M CONSTRUCTORA.
El 29 de diciembre de 2021 también se emitió la novena orden de pago por la suma de G. 300.000.000, autorizada a través de la Resolución Nº 368/21 IM, los cuales fueron destinados al pago parcial de la deuda con la empresa M&M Constructora por los trabajos de ampliación hechos.
En cuanto a la décima orden de pago, consistente en la suma de G. 1.500.000.000, fue autorizada por el jefe comunal mediante la Resolución Nº 399/21 IM del 30 de diciembre de 2021. Los recursos fueron usados para para la cancelación de la deuda de la ampliación y compra de equipos hospitalarios de la unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UTIP).