"Cuando hay una solicitud de indulto de una persona, lo que corresponde es analizar los antecedentes (...) Uno no modifica la resolución judicial, sino que utiliza una facultad que tiene el Presidente de la República hasta el día de hoy, que no ha sido derogada", sostuvo el mandatario en entrevista con Radio Agricultura.
Consultado por el caso específico de Miguel Krassnoff (80), exmilitar con más de mil años de sentencias por secuestros, torturas, homicidios y desaparición forzada de opositores políticos durante la dictadura, Kast reiteró que los indultos se resuelven "viendo la situación de cada persona".
"La mayor discusión que se produce es en caso de presos que están con alguna enfermedad terminal (...) No corresponde que una persona muera en la cárcel", apuntó.
Kast fue consultado respecto de Krassnoff, uno de los mayores criminales de lesa humanidad de la historia de Chile, debido a una carta dirigida por el exoficial a un parlamentario en la que reivindicó el golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende (1970-1973) y aseguró que "no necesito perdones ni favores".
En la misiva, el condenado aseguró aspirar a que se "apliquen las leyes vigentes" y que se aproxima una "pronta libertad total".
El jefe de Estado subrayó que no aplicará una regla general para resolver los indultos solicitados al Gobierno hasta ahora, en respuesta al planteamiento de las formaciones de ultraderecha Partido Nacional Libertario y Partido Republicano -del que es fundador- para impulsar un perdón general.
"Todo sigue en la misma línea, más allá del legítimo derecho de cualquier partido político parlamentario de solicitar una ley de indulto general", señaló.
Durante su campaña, Kast se mostró abierto a indultar a exagentes de la policía política de Pinochet.
Familiares de víctimas han manifestado preocupación por esta y otras señales del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos, como el recorte de cerca de un millón de dólares del programa donde se aloja el plan estatal de búsqueda de detenidos desaparecidos.
El indulto presidencial en Chile es una facultad amparada en la Constitución, que permite perdonar (remitir), reducir o sustituir (conmutar) la pena de un condenado con sentencia en firme y ejecutoriada.