El decreto, promulgado por el Consejo de Estado (Ejecutivo), consta de 19 artículos y busca, según el propio Gobierno, "regular la administración de salida y entrada" y "salvaguardar la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo" del país.
Entre los motivos que recoge la disposición para prohibir la salida de un ciudadano chino del país por un periodo de entre seis meses y tres años figura haber cometido en el extranjero actos que China considere "una amenaza a su seguridad nacional".
En ese mismo supuesto se incluye, en este caso sin límite de tiempo, a quienes hayan infringido las normas de control de exportaciones o de tecnología.
Para los extranjeros se prevén prohibiciones de entrada de entre uno y cinco años para quienes presenten documentos falsos al solicitar un visado, hayan cometido fraude migratorio o hayan sido sancionados por obstaculizar el control fronterizo, y permite denegar visado o entrada a quienes figuren en listas de contramedidas o de entidades no fiables.
La norma también obliga a notificar la medida a las personas a las que se prohíba la salida, aunque exime de este trámite los casos que puedan afectar a la seguridad nacional o a investigaciones penales en curso.
El reglamento ya despertó críticas antes de entrar en vigor entre organizaciones de derechos humanos, entre ellas Human Rights in China (HRIC) y Amnistía Internacional (AI), preocupadas por que las restricciones de salida puedan aplicarse por conductas "presuntamente" ocurridas fuera de China.
Ambas organizaciones resaltan además que las autoridades puedan, en algunos casos, no informar a los afectados sobre los motivos por los que se les prohíbe salir del país, lo que puede dejar sin garantías procesales causas como las de tipo político.
"Estos acontecimientos conllevan el riesgo de institucionalizar aún más el uso de prohibiciones de salida contra defensores de los derechos humanos y sus familiares, así como de arraigar estas medidas con mayor profundidad en el marco general de seguridad nacional de China", señala AI en un comunicado compartido en su página web.
La consultora Trivium China, por su parte, destacó que el nuevo reglamento formaliza la prohibición de salida a personal técnico clave, una práctica que, según la firma, hasta ahora operaba de manera informal, al incluir de forma explícita el control de exportaciones como motivo para impedir la salida del país.
El subdirector del Consejo de Asuntos Continentales (MAC) de Taiwán —el organismo encargado de las relaciones con China— Shen Yu-chung ya advirtió el lunes de que las nuevas normas de Pekín son "potencialmente arriesgadas" para la información, los negocios y la seguridad personal, e instó a la población de la isla a "evaluar con cuidado los riesgos y evitar los viajes innecesarios" a China.
En declaraciones recogidas por la agencia CNA, Shen enumeró cinco colectivos que podrían encontrarse en el punto de mira de las autoridades chinas: los empresarios taiwaneses residentes en China, los directivos de empresas isleñas, los trabajadores del sector de los semiconductores y de otras industrias de alta tecnología, los altos funcionarios públicos y los miembros de ciertos grupos religiosos.
Entre el 1 de enero de 2024 y el 11 de septiembre de este año, el Ejecutivo taiwanés ha registrado 440 casos de ciudadanos isleños detenidos, encarcelados o incluso desaparecidos en China, en un contexto de creciente tensión entre Taipéi y Pekín.