La medida fue dispuesta por el jefe del Estado Mayor General de la Armada, Juan Carlos Romay, por instrucción del ministro de Defensa, Carlos Presti, después de que el jefe de Administración Financiera de la fuerza, Carlos Alberto Castro Maggio, presentara una denuncia ante la Justicia argentina.
Los diez efectivos fueron apartados de su cargo temporalmente, la Armada no dispuso todavía la destitución automática de los involucrados, y serán sometidos también a actuaciones disciplinarias por una falta considerada "gravísima", por la que podrían ser expulsados de la fuerza.
Presti había anticipado los apartamientos este miércoles por la noche, durante una entrevista con el canal TN.
"He impartido las órdenes al jefe de la Armada para que tome las medidas y que con un consejo de disciplina militar pasen a ser destituidos", afirmó el ministro.
La denuncia de Maggio señala que "entre julio de 2022 y enero de 2026, se efectuaron 645 acreditaciones indebidas a favor de 23 personas, por importes superiores a los que les correspondían conforme a sus respectivas liquidaciones y/o sin respaldo en haberes legítimamente liquidados".
Según la denuncia, las operaciones fueron detectadas en una revisión interna llevada a cabo en febrero pasado, cuando se descubrió que los movimientos no respondían a simples errores administrativos, sino a modificaciones posteriores de los archivos utilizados para ordenar los pagos bancarios.
Los pagos se realizaban después de los controles ordinarios y antes de la transmisión definitiva al banco, por lo que el denunciante solicita a la Justicia que investigue las circunstancias y responsabilidades penales.
Entre las 23 personas que habrían recibido pagos indebidos hay militares en actividad y retiro, personal civil y cuatro personas sin vinculación laboral con la Armada. Estas últimas recibieron 184 acreditaciones por un total de 434,2 millones de pesos (unos 283.000 dólares).
La principal beneficiaria fue María del Carmen Prieto, con 46 acreditaciones por 152,3 millones de pesos (cerca de 99.218 dólares), esposa de Ariel Baltasar Atanasoff, el encargado de supervisar y controlar de manera directa la liquidación de sueldos.
Según la denuncia, Atanasoff reconoció “conocer las operaciones” y manifestó que las acreditaciones se realizaban manualmente, que él decidía los beneficiarios y los importes y que ejecutaba personalmente las operaciones.
Hasta la presentación de la denuncia habían sido restituidos 42,6 millones de pesos, por lo que permanecían pendientes 938,6 millones.