El ministro de Interior australiano, Tony Burke, presentó el paquete de medidas durante un discurso en el Club Nacional de Prensa de Camberra, en el que defendió la inmigración como una fortaleza histórica de Australia, pero subrayó la necesidad de gestionar de forma más selectiva quién llega al país, quién permanece y quién debe abandonarlo.
Según los últimos datos de la Oficina Australiana de Estadística (ABS), la migración neta -la diferencia entre las personas que llegan y salen del país- se situó en 292.100 el pasado marzo, desde ese mismo mes de 2025, lejos de los máximos registrados tras la pandemia, donde alcanzó un récord de 518.000 personas entre 2022 y 2023.
El Gobierno busca bajo la nueva normativa reducir la migración neta hasta 245.000 en el ejercicio actual y posteriormente a 225.000 en 2027-2028.
Entre las principales medidas figura la restricción de la posibilidad de que los estudiantes internacionales lleven a sus familiares a Australia. Aunque el Gobierno no prevé reducir directamente el número de estudiantes admitidos, la medida limitará la llegada de personas dependientes asociadas a sus visados.
El Ejecutivo también pretende endurecer el control sobre los titulares de visados temporales que permanecen en Australia una vez concluido el propósito de su estancia, así como dificultar los cambios sucesivos de visado para prolongar la permanencia en el país.
La reforma se produce después de varios meses de debate dentro del Gobierno laborista y de negociaciones infructuosas con la oposición conservadora para introducir cambios mediante una nueva legislación.
Ante la falta de apoyo parlamentario suficiente, el Ejecutivo recurrirá principalmente a modificaciones regulatorias y a cambios en las condiciones y procedimientos de los visados.
Burke ya había modificado en los últimos meses las prioridades para tramitar determinados visados de trabajadores cualificados y había ralentizado el procesamiento de algunos visados de trabajo temporal, como el visado "Work and Holiday", que permiten a jóvenes extranjeros viajar por Australia y trabajar temporalmente durante su estancia.
El pasado 1 de julio, el Ejecutivo ya incrementó notablemente el coste de los visados, especialmente para los estudiantes internacionales, cuya tasa de solicitud pasó de 710 (439 euros) a 1.600 dólares australianos (990 euros), un aumento del 125 %.
El endurecimiento anunciado por el Ejecutivo laborista se produce, además, en un contexto de creciente presión política sobre la inmigración.
El partido nacionalista One Nation, dirigido por Pauline Hanson, presentó esta semana un plan para situar la migración neta en 130.000 personas anuales, con fuertes recortes para estudiantes, graduados y familiares de trabajadores cualificados.