En un comunicado difundido en su web, la empresa informó que la controversia está relacionada con la venta de energía barata para su iniciativa industrial en la ciudad de Villeta, ubicada en el departamento Central, a unos 30 kilómetros de la capital Asunción, para la que prevé destinar unos 665 millones de dólares.
"El proyecto fue desarrollado durante varios años sobre la base de un marco regulatorio formal, medidas específicas adoptadas por el Gobierno paraguayo y garantías institucionales en las que Atome confió para comprometer capital y recursos significativos", agregó la multinacional en el texto.
A inicios de junio pasado, el Gobierno paraguayo derogó dos decretos que fijaban bajas tarifas eléctricas como incentivo para la instalación en el país de las llamadas industrias convergentes, conocidas por su alto consumo de energía.
Entonces, el ministro del Gabinete Civil de la Presidencia, Javier Giménez, informó en una conferencia de prensa que el mandatario Santiago Peña tomó la decisión "de dejar sin efecto" los decretos 5860 y 5861 de abril pasado, dirigidos a industrias convergentes, que incluyen sectores como la inteligencia artificial o los centros de datos.
Sin embargo, el entonces presidente de la Administración Nacional de Energía (Ande), Félix Sosa, señaló que Atome firmó un contrato en 2022 y que su tarifa eléctrica de "aproximadamente 33 dólares" continúa, pese a la derogación de los decretos.
"La empresa Atome no tiene contrato firmado con estos decretos (5860 y 5861), es decir, continúa con el mismo contrato. La tarifa establecida es de 33 dólares aproximadamente por megavatio / hora en 220 kV", apuntó Sosa.
La decisión de dejar sin efecto los decretos se tomó después de las protestas del Sindicato de Trabajadores de la Ande (Sitrande), que rechazó el "contrato de privilegio" a Atome.
El secretario general del gremio, Adolfo Villalba, dijo en junio que la "tarifa técnica" de la Ande es de aproximadamente 44 dólares por megavatio/hora.
En su comunicado, la empresa británica también alertó que concede al Estado paraguayo 90 días para la solución de la controversia antes de activar el arbitraje.